Acuerdo nacional: ¡Detener cualquier reforma de la Constitución!

La guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo provocará el colapso de las instituciones republicanas, con la eliminación del antejuicio para los funcionarios electos y no electos, y derrumbará las bases económicas con las que logramos triplicar el PBI, reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20%, y convertir al Perú en una sociedad de ingreso medio, antes de la pandemia y la actual recesión.

Es indiscutible que el escenario de esta guerra ha sido organizado por la obsesión del presidente Vizcarra de desarrollar reformas constitucionales al margen de los consensos que suelen caracterizar los cambios constitucionales en los sistemas republicanos. El ejemplo de la inmunidad es más que evidente: yo propongo eliminar la inmunidad de los congresistas y yo respondo derogando la inmunidad del Presidente, de los ministros y de otros funcionarios de entidades tutelares.

Pero eso no es todo. La guerra política Ejecutivo-Legislativo ha causado una competencia feroz entre los poderes para ganarse el favor popular, en momentos en que el Estado fracasa en la contención de la pandemia y la recesión. Por ejemplo, el Ejecutivo desarrolla el gambito de estatizar las clínicas privadas sin mayores justificaciones, y el Congreso acuerda reformar la Constitución estableciendo que se debe destinar el 6% del PBI a la educación. El acuerdo suena bonito, pero, ¿acaso los legisladores no saben que el fisco peruano recauda poco más de 14% del PBI? ¿Qué significaría semejante acuerdo? ¿Acaso que el 8% del PBI restante que recauda el fisco se destinaría para salud, justicia, seguridad, gobiernos regionales y locales? El acuerdo suena realmente preocupante.  El oro y la riqueza no surgen mediante una ley o una reforma constitucional. Dependen exclusivamente del crecimiento y la productividad de una sociedad.

No se trata solo de este exabrupto. En el Ejecutivo y en el Legislativo se ha manoseado el sistema previsional con fórmulas realmente demagógicas, el Gobierno ha regulado de manera indirecta las pensiones en los colegios privados, en ambos poderes se ha propuesto controlar los precios de las medicinas y congelar los pagos de las obligaciones e intereses bancarios. Y las propuestas populistas se multiplican de aquí para allá. ¡Algo así no puede continuar!

Y no puede continuar porque los actuales políticos no solo expresan una enorme indiferencia frente a las muertes de nuestros compatriotas por el Covid-19 y el aumento del desempleo. A las ineficiencias y fracasos del Gobierno hoy se suma la respuesta del Congreso. La única manera de detener esta espiral de destrucción institucional, económica y social, es desarrollando un acuerdo político, implícito o explícito –como lo deseen los políticos–, en el que se posterguen todas las decisiones que fomentan el desmoronamiento de la República. 

En ese contexto, debe posponerse cualquier proyecto de reforma de la Constitución hasta que en la República se encuentre un momento en que los consensos, diálogos y entendimientos sean posibles. En otras palabras, postergar la reforma constitucional, que se desarrolla a tontas y locas, y todos los proyectos que modifiquen el curso económico del país. Los políticos tienen que entender que no se puede gobernar, aprobar leyes ni menos reformar la Carta Política que rige una república, mirando a la popularidad o la siguiente encuesta.

Si las cosas siguen por este rumbo los únicos que llevarán agua para su molino serán las corrientes comunistas y colectivistas, que vienen planteando la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una Constitución con un modelo económico anticapitalista, y que promueven todas las iniciativas estatistas y populistas que desarman, ladrillo por ladrillo, el actual modelo económico. Con el derrumbe institucional de la República quedará en claro que los comunistas nunca necesitaron ganar las elecciones para concretar sus objetivos en contra de la libertad. 

¡Es hora de retroceder y pactar!