La comisión de Constitución del Congreso de la R...
El 7 de diciembre del año pasado Pedro Castillo perpetró un autogolpe de Estado, ordenando el cierre del Congreso, la disolución del Ministerio Público, del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, y convocó a elecciones para instalar una asamblea constituyente. Uno de los hechos más resaltantes, y muy vinculado a la coyuntura actual, es que ordenó la detención de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien lo investigaba por varios delitos de corrupción.
La reacción de las instituciones tutelares de la República, de los medios de comunicación, de la civilidad en general, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), escribió una de las páginas más gloriosas en la defensa de la Constitución y el Estado de derecho. Luego de la proclama golpista los minutos se sucedieron y, de pronto, quedó en evidencia que ningún policía ni ningún soldado acataba la orden de quebrar el orden constitucional. El golpe comenzaba a convertirse en un fracaso de principio a fin, y el todavía jefe de Estado preparó su fuga del país, pero fue detenido en el camino.
Un golpe por la izquierda, directamente promovido por el eje bolivariano, era derrotado por la resistencia de las instituciones y la civilidad en general. Considerando que el gobierno de Castillo representaba un frente único de las izquierdas comunistas vinculadas al eje bolivariano y al Movimiento por la Amnistía de los Derechos Fundamentales (Movadef), de clara orientación maoísta, vale preguntarse, ¿qué hubiese sucedido con las libertades y la defensa de los Derechos Humanos en el Perú? No se necesita ser demasiado zahorí para comprender que los peruanos hubiésemos enfrentado una feroz dictadura, quizá comparable con la tragedia de Venezuela y Cuba. El dogmatismo de los aliados de Castillo así lo permite prever.
Es en este contexto que el balance, luego de un año del golpe fallido del eje bolivariano, puede ser positivo. Más allá de la actual crisis que atraviesa a todas las instituciones, más allá de la desaprobación del Ejecutivo y el Congreso, haber salvado el Estado de derecho representa un gigantesco mérito.
Al margen de las campañas sectarias del progresismo, la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y la posibilidad de formar alianzas en el Congreso, no obstante la exacerbada fragmentación de las bancadas, son buenas noticias para la institucionalidad. Considerando el nivel de deterioro del espacio público, de la política y de los actores, avanzar hacia las elecciones del 2026 sin interrupciones constitucionales representará un inmenso logro, sobre todo si imaginamos que luego del golpe de Castillo el Perú pudo haberse hundido en una noche totalitaria de varias décadas.
Sin embargo, un año y medio de gobierno de Castillo en contra de la Constitución y las leyes nacionales tenía que llevar a la sociedad al borde de la disolución con el objeto de legitimar el zarpazo autoritario. El desborde de la ola criminal en las ciudades, la violencia criminal en las áreas mineras y en contra de pequeños negocios y la economía en general, revela el inicio de una implosión del Estado que fue causada adrede.
En este contexto, uno de los peores lastres del gobierno de Castillo es el haber convertido el bajo crecimiento –desde el 2014– en una recesión que aumenta la pobreza y afecta el bienestar de todos los sectores de la sociedad. Un año y medio de agitar en contra de la Constitución, las leyes nacionales y el respeto a los contratos tenía que bloquear la posibilidad de nuevas inversiones en el Perú. Y es lo que ha sucedido: la actual recesión se explica por la caída de la inversión privada; es decir, por la falta de nuevos emprendimientos ante la incertidumbre política.
En este escenario el balance es devastador. Pero el hecho de haber preservado el Estado de derecho, de mantener las vigas maestras del modelo económico que ha reducido la pobreza como nunca en la historia nacional, de una u otra manera, permite mantener el optimismo.
COMENTARIOS