La comisión de Constitución del Congreso de la R...
La actual crisis política está a punto de inviabilizar al Perú. El sistema institucional establecido por la Constitución de 1993 y el modelo que permitió reducir la pobreza como nunca en la historia republicana están al borde del abismo.
La intención de las corrientes progresistas de cuestionar las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, simplemente, puede llevar al país a la anarquía generalizada, si es que el Tribunal Constitucional y el propio Legislativo no regulan el uso excesivo y libérrimo de los amparos. En cualquier caso, el sistema político e institucional tienen que superar lo que, a primera vista, parece ser una colisión entre el Congreso y la Judicatura, una colisión nunca antes vista en las historias constitucionales con respecto a temas no justiciables, tales como el control político de parte de los legislativos.
Por otro lado, el modelo económico comienza a ser cuestionado en su viabilidad porque la sociedad peruana empieza a convertirse en una que aumenta la pobreza. La justificación de cualquier propuesta económica está vinculada a su capacidad de reducir pobreza y ampliar el bienestar de la sociedad. El Perú ha dejado de ser una sociedad que incrementa la riqueza, que reduce pobreza, porque la izquierda y el gobierno de Pedro Castillo han frenado en seco el crecimiento de la inversión privada. Y también porque el gobierno de Dina Boluarte, en vez de superar estas tendencias destructivas, las ha profundizado con sus ineficiencias y las denuncias de irregularidades de aquí para allá.
A pesar de todos los problemas que se acumulan, siempre vale insistir en que, de una u otra manera, bajo este modelo y sistema institucional, el Perú construyó el mejor momento de su historia republicana: no obstante la perpetua crisis política se desarrollaron cinco elecciones sucesivas y el PBI se cuadruplicó, reduciendo la pobreza del 60% de la población al 20% antes de la pandemia (después de Castillo se incrementó a 29%). Nunca antes hubo tanta inclusión y ascenso social en la historia nacional.
Sin embargo, las izquierdas en todas sus versiones sobrerregularon el Estado, paralizando inversiones, paralizando el capitalismo, hasta que, finalmente, llegó Castillo al poder, precisamente, cabalgando sobre todos los relatos y narrativas de la izquierda.
Hoy que la inversión privada –el principal motor de reducción de pobreza– acumula dos años de caída consecutivos y que el Congreso, con todos sus yerros y despropósitos, intenta desmontar el sistema institucional que encumbró a Castillo en el poder, la viabilidad de la sociedad peruana parece entrar en cuestión. Todo empieza a crujir y tambalearse.
Sin embargo, luego del gobierno y del golpe fallido de Castillo, quizá no habría otro resultado. Era la consecuencia natural de todos los equívocos que había sumado la sociedad peruana.
No obstante, en este escenario pesimista vale subrayar la resiliencia que está demostrando el sistema político cuando sobrevive en medio de una crisis política sin precedentes, con una desaprobación generalizada de las instituciones y con una ausencia devastadora de una partidocracia o de un sistema de partidos. Igualmente, a pesar de que la administración Castillo gobernó contra la Constitución y la inversión privada, las columnas del modelo económico (vinculadas a las reformas de los noventa) siguen vigentes. Como alguna vez lo sostuvo el economista Elmer Cuba en este portal, el modelo peruano se asemeja a un edificio que sigue de pie, pero con las lunas y puertas rotas y desvencijadas.
Por todas estas consideraciones, los políticos, partidos y ciudadanos de buena voluntad, en este momento adverso para el sistema republicano, debemos señalar que la continuidad del sistema institucional establecido por la Constitución de 1993 y el modelo económico basado en la desregulación de mercados y la inversión privada representan el único camino que tiene el país para seguir apostando por el futuro.
Cualquier duda, cualquier marcha atrás, como pretenden hacer algunos progresistas (que empiezan a plantear su propia constituyente, acaso como consecuencia natural de estas aproximaciones) y sumarse al credo del comunismo más ortodoxo, es traicionar a las nuevas generaciones de peruanos y a quienes se sacrificaron por preservar las libertades.
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