A reconstruir el Estado y relanzar la economía nacional

El uso del Estado y de los recursos fiscales para organizar el proceso insurreccional que todos los peruanos hemos contemplado en los últimos días por parte de Pedro Castillo solo fue posible con la destrucción de los pocos espacios de institucionalidad estatal.

A estas alturas es incuestionable que las prefecturas y subprefecturas que el Ejecutivo entregó al Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef) se convirtieron en las principales herramientas de movilización de las vanguardias violentistas que desataron el caos en el Perú. De allí el acierto gubernamental sobre el relevo inmediato de los señalados funcionarios. Asimismo, el cogobierno entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana (Fenatep), sindicato de orientación maoísta, en los asuntos de la educación pública, es una de las explicaciones de la multiplicación de los actos violentistas en las provincias del sur del país.

No es exagerado sostener entonces que las prefecturas y subprefecturas, y los activistas del Fenatep se transformaron en las avanzadas de esta estrategia de generalizar la anarquía en el país. De alguna manera toda la potencia del Estado se puso al servicio de los planes para promover la anarquía, más allá de que sea evidente que detrás de las asonadas también está el financiamiento del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilegales.

El incendio de una de las plantas de Gloria y otra de Laive, dos empresas emblemáticas de la industria nacional, igualmente, revela otra de las claves de la estrategia insurreccional: la formación de sindicatos y el desarrollo de un discurso anticapitalista, anti empresa en extremo. Con ese objeto, desde el Ministerio de Trabajo se promulgaron decretos laborales que prohibían la tercerización laboral, fomentaban los sindicatos –por fábrica, rama y grupos empresariales– y se flexibilizaba en extremo el derecho a la huelga. En ese camino, la organización artificial de sindicatos y el discurso mágico acerca que la prosperidad del trabajador dependía de la guerra de clases y no del aumento de la inversión, se generalizó de aquí para allá.

Sin embargo, no solo se trató de las prefecturas, subprefecturas, del Minedu y de los decretos laborales. En realidad, todo el Estado se puso al servicio de la estrategia antisistema. El Gobierno de Pedro Castillo, del Movadef y de Perú Libre desarrolló una política clientelista sin precedentes en la historia republicana, con la designación de funcionarios de alto y medio nivel en base a criterios exclusivamente partidarios, al margen de cualquier calificación profesional y técnica.

Es evidente entonces que para salvar el sistema republicano y defender la Constitución el Perú, como primer e insalvable paso, necesita restaurar en todo el territorio el imperio de la Constitución y el Estado de derecho. En ese tema no hay renuncia posible y se debe generalizar el respaldo a nuestras fuerzas armadas y policiales. 

La restauración de la ley y el orden en el país, igualmente, debe generalizarse en todas las regiones mineras en donde las minorías violentistas comenzaban a imponer una anarquía general y creaban zonas liberadas del Estado de derecho.

Pero la recuperación del Estado de derecho debería enviar señales claras acerca de que el Perú vuelve por la senda del crecimiento, la promoción de inversiones y la creación del empleo. En ese sentido, debería existir un plan de emergencia nacional para salvar la Carrera Pública Magisterial y la reforma meritocrática de la educación, como una manera de afirmar la institucionalidad y detener las estrategias insurreccionales.

Igualmente, el Gobierno debería proceder a derogar los decretos laborales que pretendían organizar artificialmente la guerra de clases con el objeto de seguir ahogando a la inversión privada. Recuperar el Estado de derecho y enviar señales claras que indiquen el fin del uso revolucionario del Estado es la única manera de relanzar el crecimiento, la inversión privada y el proceso de reducción de la pobreza.