¡A derogar leyes expropiatorias que favorecen a la SBN!

Ejecutivo y Congreso deberían proceder sin demoras

Días atrás Edmer Trujillo Mori —ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento— dispuso que se paralicen todas las acciones judiciales y administrativas que desarrollaba la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) con objeto de reclamar para el Estado los predios de miles de propietarios y posesionarios —pobres y ricos, empresarios y humildes pescadores— de las ciudades costeras del norte. El propio titular de Vivienda reconoció que estas acciones habían sido promovidas por la SBN invocando la Ley de Playas y la Ley de Imprescriptibilidad de los bienes del Estado. Enseguida el ministro anunció la instalación de mesas de diálogo para resolver el problema.

Es evidente que el titular del sector está demostrando un gran sentido común en la rectificación. Sin embargo, ¿es suficiente? ¿De qué derechos vulnerados estamos hablando para invocar una ley de playas y una supuesta imprescriptibilidad de los bienes del Estado? ¿Nadie se ha fijado que cualquier ley que viola la Constitución es inconstitucional y resulta inaplicable?

Como todos ya sabemos, la SBN está reclamando “la propiedad” de propietarios y posesionarios de predios de los distritos de Talara, Lobitos, El Alto, Máncora, Punta Sal, Cancas y Zorritos. Como ya lo dijimos en un editorial anterior, la mayoría de los afectados son pequeños posesionarios de terrenos de 1,000 m2 y algunas grandes inversiones hoteleras. La mayoría de las posesiones tienen entre 20 y 50 años.

En este portal también hemos sostenido que la Constitución Política del Perú establece la preeminencia de la propiedad privada sobre la estatal, señala que la propiedad es de la persona que la usa (posesión) en tanto que el Código Civil, libro V, reconoce la posesión como un derecho incuestionable. Los derechos de propiedad, entonces, nacen de la posesión; a tal punto que luego de de diez años de uso, el posesionario puede invocar la prescripción adquisitiva, es decir el pleno reconocimiento de la propiedad.

La SBN ha venido invocando la ley de playas y la llamada “alta marea”, como argumentos jurídicos para registrar la propiedad de ciudades enteras en Piura y Tumbes desde el 2002. ¿Tiene lógica invocar esas leyes? Por ejemplo, la ley de playas —que establece el criterio de la alta marea (zona pública hasta 250 metros del mar)— no se puede aplicar en Talara, ciudad que existía antes de la mencionada ley; ni a la mayoría de ciudades costeras del norte, porque casi ninguna playa tiene continuidad (están interrumpidas por dunas, por ejemplo). ¿No suena a locura reclamar ciudades enteras con argumentos que deben ser calificados de “tinterilladas” frente a la Constitución?

Pero lo que sí es de Ripley, como se dice, es la supuesta imprescriptibilidad de los bienes del Estado, que barre de un plumazo el derecho de la posesión consagrado en la Carta Política y nuestro ordenamiento civil. ¿En qué artículo constitucional se establece que los derechos de un supuesto Estado-propietario tienen preeminencia sobre el de los privados y, por lo tanto, son imprescriptibles? ¿Cómo se pudo promulgar semejante ley?

A medida que el ministro de Vivienda, la administración PPK, y la mayoría legislativa del Congreso investiguen el conflicto social desatado en las ciudades costeras del norte empezarán a notar que, en los pasados gobiernos, se comenzaron a promulgar leyes que pretendían otorgar la propiedad de las ciudades costeras a la SBN, en abierta violación de la Constitución. Cuando una ley vulnera la Constitución el juez está obligado a no aplicar la norma y el Tribunal Constitucional a declararla inconstitucional.

El tema de la SBN y el conflicto social con las ciudades del norte puede convertirse en una caja de Pandora. ¿Por qué la SBN asumía la titularidad de estas propiedades? ¿Con qué fin? ¿Con objeto de que se mantengan como tierras eriazas? ¿Acaso se vendían a terceros en un mercado de tierras en el que el Estado era uno de los protagonistas? Esta historia recién empieza, pero el Ejecutivo y el Legislativo deberían proceder a derogar las leyes que violan la Constitución y afectan el derecho de miles de propietarios y posesionarios.