¡A defender el Estado de derecho contra el intento de resucitar ola de violencia!

Los organizadores de una supuesta tercera “toma de Lima” vuelven a ratificar su programa, que propone la renuncia de la presidente Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente. El Partido Comunista Sendero Luminoso Militarizado del VRAEM se pronuncia y respalda la iniciativa violentista señalando que se deben tomar todas las regiones del país, y no solo Lima. 

Sin embargo, el peor enemigo de las vanguardias comunistas y vinculadas al eje bolivariano es la recesión –que ellos mismos han causado– en las provincias andinas del sur del país. Las familias sobreviven y luchan para alimentar a sus niños. Las mayorías del sur y de nuestras provincias, pues, están en contra de una nueva ola de violencia que destruirá lo poco que resta de una economía golpeada.

En cualquier caso, es incuestionable que –al margen del fracaso o del éxito de la iniciativa violentista– estamos ante un nuevo intento de quebrar el Estado de derecho, luego de la derrota general de estos sectores en el verano pasado. De allí la necesidad de asumir ciertas previsiones. En ese sentido, el sistema constitucional del país debe movilizar al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para identificar y procesar a quienes desarrollen acciones que violen la Constitución, las leyes nacionales y el Estado de derecho. El menor bloqueo de una carretera, el más mínimo ataque a la propiedad pública o privada, deben ser investigados y castigados, tal como se establece en el sistema constitucional.

Por otro lado, el Ejecutivo debería declarar el estado de emergencia en todos los lugares en donde la información de inteligencia así lo sugiera como medida preventiva y disuasiva. Y los políticos del Ejecutivo, las bancadas democráticas del Legislativo y demás demócratas deberían salir a reivindicar el uso legítimo y constitucional de la fuerza a la que tiene derecho impostergable cualquier democracia que pretenda sobrevivir. De lo contrario, la última línea de defensa de la constitucionalidad –es decir, las fuerzas armadas y la PNP– estará maniatada frente a la campaña progresista que pretende culpar a las fuerzas de seguridad de la lamentable muerte de peruanos.

Como todos sabemos, las olas insurreccionales del verano pasado, el ataque y las acciones de guerra de las vanguardias comunistas –en contra de aeropuertos, comisarías, instituciones públicas y empresas privadas– el bloqueo de las vías nacionales para quebrar el aparato productivo nacional y los intentos de destruir los sistemas hídricos y energéticos causaron la lamentable muerte de más de 60 peruanos y enlutaron a las familias del país. Sin embargo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en vez de señalar a las vanguardias y milicias comunistas como los directos responsables de la tragedia, pretendió dejar nebulosas y señalar indirectamente a las fuerzas de seguridad. Sobre este mensaje gaseoso las oenegés de izquierda a nivel nacional e internacional comenzaron una feroz campaña intentando presentar al Estado peruano como uno que viola los Derechos Humanos.

Hoy es evidente que la campaña de las oenegés de izquierda, de manera directa o indirecta, ha mellado la moral de las fuerzas de seguridad y busca neutralizar el uso legítimo y constitucional de la fuerza pública. De allí el intento de resucitar las olas de violencia insurreccional, de allí la plataforma que pretende quebrar el Estado de derecho con el cierre del Congreso y la convocatoria de una constituyente, y de allí también que no sea extraño que se vuelvan a repetir los ataques a aeropuertos y comisarías.

Finalmente, para enfrentar el plan insurreccional del eje bolivariano y de las vanguardias comunistas es necesario que las organizaciones populares vinculadas a los mercados emergentes del sur, las familias y los ciudadanos se organicen en defensa de la producción y la economía popular. Como todos sabemos, las olas insurreccionales del verano pasado empujaron a la economía hacia un crecimiento cero y quebraron a casi todas las provincias del sur, sobre todo las vinculadas al turismo.

El Estado de derecho, la democracia –es decir, el único sistema en donde se protegen los Derechos Humanos– enfrenta un nuevo desafío ante el anuncio de una nueva ola insurreccional de parte de las vanguardias comunistas y del eje bolivariano. 

¡Si los demócratas están a la altura, tendrán derecho a vivir en libertad!