¡A celebrar tres décadas de la Constitución del Perú!

La Constitución de 1993 celebra 30 años de vigencia, y ha hecho posible uno de los periodos de mayor estabilidad institucional de nuestra historia y la mayor transformación económica y social de nuestra historia republicana.

A pesar de sus detractores, a pesar de que algunos presidentes, congresistas y funcionarios se negaban a jurar por la Carta Política de 1993, señalando su ilegitimidad de origen –por el golpe del 5 de abril de 1992–, bajo el imperio de la actual Constitución se desarrollaron cinco elecciones sucesivas sin interrupciones. Durante las dos décadas de estabilidad institucional hubo momentos en que toda la institucionalidad estuvo a punto de desplomarse: el cierre inconstitucional del Congreso por parte de Martín Vizcarra, el golpe de masas contra el gobierno constitucional de Manuel Merino y el fracaso del golpe de Pedro Castillo.

La actual Constitución resistió las pruebas más extremas a las que se somete un orden constitucional y, de una u otra manera, ratificó su vigencia y comenzó a enraizarse en la historia nacional.

Al lado de uno de los mayores periodos de continuidad institucional, la Carta Política actual posibilitó el mayor momento de inclusión económica y social de nuestra historia republicana. El régimen económico constitucional que establece el papel subsidiario del Estado con respecto a la inversión privada, que consagra la libertad de precios y mercados, que reconoce el respeto a los contratos y la propiedad privada, permitió cuadruplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a 20 % antes de la pandemia. Luego del gobierno de Castillo la pobreza ha crecido hasta acercarse al 30%. Sin embargo, ha quedado en vigencia que el modelo basado en la libertad de mercados y la inversión privada ha convertido a los millones de migrantes de los Andes en las nuevas clases medias urbanas y en gran parte del empresariado formal e informal. El tradicional mundo andino excluido se ha apoderado de la Lima urbana y criolla.

Es incuestionable que la actual Constitución demanda reformas constitucionales fundamentales, tales como la bicameralidad, la reforma integral del sistema de justicia y la reducción del Estado en general para trasladar más poder a la sociedad y a la ciudadanía en general. De alguna manera, todos empiezan a compartir esa aproximación, excepto los sectores comunistas, neocomunistas y progresistas, que siguen proponiendo una asamblea constituyente para instaurar un nuevo régimen político sobre una economía colectivista.

Desde aquí queremos señalar que el mayor logro de la Constitución de 1993 es el haber instaurado un Estado de derecho que, más allá de críticas y respaldos, funciona como un verdadero régimen republicano. ¿A qué nos referimos? En el país existe un sistema de instituciones que se contrapesa y que controla el poder. Los excesos del Ejecutivo, del Congreso o del Poder Judicial, pueden ser controlados o rectificados a través del sistema institucional.

Un Estado de derecho es el universo de instituciones controlando los excesos del poder y consagrando el respeto a las libertades básicas de los ciudadanos. En este contexto, quienes proponen abolir la actual Constitución e instalar una asamblea constituyente – en base a una gaseosa teoría del “poder constituyente del pueblo”- también proponen abolir el Estado de derecho para concentrar el poder en una asamblea de 100 o 200 constituyentes que definirían qué libertades se mantienen y si se respetan o no los derechos de propiedad y los ahorros de los peruanos.

Cuando existe un Estado de derecho en desarrollo, proponer una constituyente desnuda una vulgar estrategia de asaltar el poder central del Estado para instaurar una dictadura totalitaria.

Por todas estas razones celebremos las tres décadas de la actual Constitución y avancemos a las necesarias y urgentes reformas.