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Radicales vuelven a maniobrar contra inversión minera
Una delegación de “líderes” de supuestas comunidades cercanas al proyecto Las Bambas (US$ 10,000 millones) ha llegado hasta Lima en una “marcha de sacrificio” para denunciar ante funcionarios e instituciones estatales “los incumplimientos” de la compañía MMG, concesionaria del proyecto cuprífero, alrededor de los acuerdos suscritos en la pasada Mesa de Diálogo que se instaló a propósito del conflicto social del año pasado.
Gerónimo Coropuna es el abanderado de esta “marcha de sacrificio” y preside la Asociación de Comunidades del Área de Influencia Directa e Indirecta afectadas por la Minería. No obstante existen interrogantes y cuestionamientos con respecto al liderazgo de Coropuna en la mencionada organización. El señalado dirigente no representa a las comunidades campesinas de la zona de influencia directa (Fuerbamba o Challhuahuacho, por ejemplo), sino a algunas comunidades cercanas al proyecto (que no es igual a zona de influencia). De otro lado, la asociación que lidera Coropuna apenas tiene 6 meses de fundada. Además el dirigente participa de forma activa en la Mesa de Diálogo y Desarrollo en el distrito de Challhuahuacho, espacio de concertación entre representantes del Estado, funcionarios de la empresa MMG, y líderes sociales.
Vale recordar que esta Mesa de Diálogo se creó para solucionar el conflictos sucedido en septiembre pasado, incidente que dejó tres muertos y varios heridos. La actitud de Coropuna y la de los dirigentes que denuncian incumplimientos de MMG es absolutamente incomprensible, porque funcionarios del ministerio de Energía y Minas han confirmado que el Gobierno ya ha destinado una partida de S/. 600 millones para la región Apurímac y la provincia de Cotabambas. Semejante inversión pública es parte de los compromisos que la compañía y el estado suscribieron en la Mesa de Diálogo.
Pero hay algo más. El dirigente Coropuna es asesorado por dos abogados cercanos al partido de izquierda Perú Libre, Edwin Quispe y Rony Cabrera. Recordemos que entre los candidatos al Congreso de la República que presenta esta organización de izquierda, figura Oscar Mollehuanca, uno de los principales líderes antimineros contra el proyecto Antapaccay en la provincia de Espinar. Pues bien, los abogados Quispe y Cabrera, están induciendo a Coropuna con mala fe para que las comunidades campesinas exijan acciones del proyecto minero. Los abogados invocan con malicia el acuerdo 169 de la OIT. Además, Coropuna y los dirigentes se autodenominan representantes de la nación Chanka que supuestamente tiene “plenos derechos a la riqueza minera”, tal como se proclama en la Bolivia de Evo Morales.
El Estado y las instituciones deben movilizar todos los recursos para que Las Bambas continúe contra viento y marea. Este proyecto ha creado hasta el momento 22 mil puestos de trabajo (18 mil en construcción y 4 mil en operaciones) y es la mina más grande del Perú y una de las más importantes del planeta.
Con respecto a los problemas de Las Bambas, vale señalar que, en este portal, se ha señalado que existe una bien montada estrategia del radicalismo antiminero en contra de las inversiones en recursos naturales. La estrategia del movimiento radical es paralizar las inversiones en el sur, organizando violentas movilizaciones en contra de lo que se denomina el “Corredor Minero”( Antapaccay US$ 1,400 millones; Constancia US$ 1,700 millones; Las Bambas US$ 10,000 millones; Tía María US$ 1,400 millones). En esa zona se inició, por ejemplo, la última “marcha de sacrificio” en contra de los supuestos incumplimientos que la compañía MMG que impulsa Coropuna. El gobierno y los peruanos tenemos que estar alertas para defender a un proyecto minero que le pertenece a todo el Perú.
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