Universidad: ¿sesgo anti-inversión?

Extraña marginación a algunas universidades en aplicación de Ley Universitaria

Un marcado sesgo anti inversión privada se está imponiendo en la aplicación de la nueva Ley Universitaria: las comisiones encargadas de organizar la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) y reorganizar el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), están siendo copadas por representantes de las universidades particulares que asesoraron al congresista Daniel Mora en la elaboración de la cuestionada norma, y se ha marginado de las mismas a las universidades privadas societarias, que tendrían mucho por aportar. ¿Cómo entender esta marginación a universidades que están emergiendo con éxito notable en solo dos décadas?

Nada puede justificar esa decisión. El avance vertiginoso de las universidades societarias acaba de ser corroborado por el ranking de la calidad educativa universitaria 2014 de la revista América Economía, en el que aquellas ocupan lugares destacados. Este solo hecho sugiere que esas universidades tienen una valiosa experiencia que aportar. Además, su sola presencia garantizaría que la SUNEDU y el SINEACE se constituyan como instituciones estrictamente técnicas y ajenas a cualquier prejuicio anti inversión privada.

Dichos organismos no pueden tener cargas ideológicas de ninguna naturaleza, menos ahora que el ministerio de Educación se ha sacudido de aquellas para emprender una nueva política de promoción de la inversión privada para construir, equipar y mantener decenas de escuelas públicas, Colegios de Alto Rendimiento (COAR) e Institutos Superiores Tecnológicos, bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP). En el caso de los institutos los privados asumirán además la gestión educativa.

Para tener una idea de la magnitud del error que se está cometiendo debemos recordar que, en menos de dos décadas, la nueva generación de universidades privadas societarias -tiempo relativamente corto en la vida de una universidad- ha igualado o superado en algunos casos, en calidad educativa a universidades privadas asociativas que tienen entre 58 y 98 años de existencia. También en infraestructura, en matrículas y en pensiones: pues sus locales están equipados con tecnologías de punta y sus alumnos pagan menos por los servicios que reciben. Otorgan además becas a alumnos que provienen de hogares pobres.

Tampoco nada justifica que las llamadas universidades privadas asociativas sin fines de lucro hayan copado las comisiones señaladas. Esta decisión pareciera una retribución de favores, ya que la Universidad Católica, por ejemplo, sustentó ideológicamente a la Ley, en particular el enfoque contrario a la iniciativa privada, y defendió la norma contra viento y marea.

Una SUNEDU y un SINEACE concebidos con un enfoque anti inversión privada se convertirían en organismos-comisarios predispuestos a hostilizar y sancionar de manera sistemática y constante a los inversionistas privados en educación universitaria. Si esto ocurriera esas universidades se verían obligadas a cerrar sus puertas, privando de servicios de buena calidad y de bajo costo a miles de jovenes de las clases medias emergentes que anhelan una oportunidad para ser profesionales exitosos.

Urge entonces que el Gobierno rectifique tan grave error y recomponga cuanto antes la comisión organizadora del SUNEDU y la reorganizadora del SINEACE, dándole el lugar que le corresponde en aquellas a las universidades privadas societarias, por justicia y méritos propios.