Universidad: reforma a manu militari

Sobre el afán del Gobierno de imponer a la fuerza su Ley Universitaria

La crisis de la universidad pública se ha profundizado ante la decisión del Ejecutivo de intervenir en el gobierno de las universidades estatales a través de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), que amenaza con multas y denuncias penales debido a que todavía no se adecúan a los procedimientos establecidos por la ley Universitaria.

No obstante que hay interpretaciones diversas sobre los plazos para adecuarse a la nueva normatividad y que existen recursos pendientes contra la constitucionalidad de la Ley Universitaria ante el Tribunal Constitucional las amenazas de sanciones persisten.

La decisión del Sunedu de relevar a todas esas autoridades -rectores, directores académicos y decanos- ha desatado una guerra de todos contra todos y, de pronto, han surgido diversos grupos de docentes y trabajadores que desconocen abiertamente a las actuales autoridades. Es decir, si antes había crisis ahora se comienza a instaurar la ley de la selva. Por ejemplo, solo 6 de las 31 universidades públicas han aceptado cambiar a sus autoridades y 64 universidades privadas y estatales que integran la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) rechazan la injerencia del gobierno, a través de la Sunedu, en la vida universitaria.

Un episodio extremo se registró en la Universidad Nacional del Santa (Chimbote), donde un grupo de profesores organizó por su cuenta una asamblea estatutaria en la que eligieron a su propio rector, hundiendo así a esa casa de estudios en el caos total. El pseudo rector juró al cargo en una reunión celebrada en un chifa, ante el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, el general (r) Daniel Mora.

La Constitución consagra que las universidades son autónomas en su régimen de gobierno, académico, administrativo y económico. El gobierno pretende pasar por encima de esa autonomía para empoderar a una burocracia alegando que solo así se puede garantizar la calidad educativa, en vez de asegurar la continuidad del modelo de acreditación peruano (Sineace), que ha logrado algo que se creía imposible: crear una cultura de calidad en la comunidad universitaria.

En defensa de esa autonomía, el Colegio de Abogados de Lima, congresistas de la República, un grupo de más de 8,000 ciudadanos y el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima han recurrido al TC para que declare inconstitucional la Ley Universitaria. El TC ha consolidado las cuatro acciones en un solo expediente que estudia desde febrero.

En este portal advertimos en su momento que en democracia es imposible ejecutar una ley contra la voluntad de los ciudadanos; esto es lo que está ocurriendo con la polémica Ley Universitaria. Ante esta realidad, el gobierno ha optado por actuar con “manu militari” para imponer su voluntad, a través de la Sunedu, que ha aprobado a toda prisa un reglamento de sanciones a las autoridades universitarias, a las que amenaza con aplicarles fuertes multas y denunciarlas penalmente.

Semejante situación ocurre cuando en el TC todavía no resuelve las cuatro acciones de inconstitucionalidad pendientes. La demora resulta inexplicable a la luz de la jurisprudencia que existe sobre la materia en ese tribunal: la sentencia 0017-2008-PI/TC, del 15 de junio del 2010, que determinó la necesidad de excluir a la universidad de injerencia externa por parte de poderes públicos o privados, sin perjuicio de que el Estado pueda supervisar la calidad de la educación; y la sentencia 00019-2011-PI/TC, del 11 de junio del 2013, que ratifica lo establecido en la primera.

Urge acabar con el desgobierno que se ha apoderado de algunas universidades estatales y la incertidumbre que se padece en las universidades privadas con la paralización del sistema de acreditación de calidad del Sineace, hechos que amenazan con bloquear los espacios de calidad que estaban surgiendo en los diversos modelos de universidad. Así no se hace una reforma.