Desde las reformas económicas de los noventa, la Consti...
Horas antes de que alrededor de 300,000 docentes rindieran la Prueba Única Nacional para el concurso docente del 2021, se habrían filtrado las respuestas del referido examen, según información de diversos medios. Al respecto se mostraron documentos enviados a algunos docentes en los que se absolvían las preguntas de razonamiento verbal y de razonamiento matemático, antes de realizarse la prueba. Luego del examen se comprobó que se trataban de las respuestas correctas. En cualquier caso, el proceso de la carrera pública magisterial en el 2021 aparece viciado.
Si bien en el Ministerio de Educación (Minedu) se anuncia una investigación sobre el tema, el presidente Castillo y el ministro de Educación, Carlos Gallardo, han expresado públicamente su oposición a la ley de Carrera Pública Magisterial y defienden la posición del sindicato de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana (Fenatep), que exige el nombramiento indiscriminado –al margen de la idoneidad para enseñar en las aulas– de los maestros contratados.
Todos los actos del Ejecutivo son absolutamente coherentes con el objetivo de cancelar la Ley de Carrera Pública Magisterial. Por ejemplo, el nombramiento de dos dirigentes del Fenatep en la cúspide del Minedu: el propio ministro Carlos Gallardo y el viceministro Roy Palacios, ex secretario general del Fenatep-Pasco.
La filtración de las respuestas de la Prueba Única Nacional representa un golpe devastador a la carrera meritocrática en la docencia. Para entender la magnitud del problema: en el país existen más de 422,000 docentes que enseñan en las aulas públicas, de los cuales más de 260,000 ya pertenecen a la carrera pública magisterial, normada por la Ley N° 29944. ¿Qué significa semejante dato? Que más del 60% de los docentes ha sido nombrado o promovido de acuerdo a los exámenes y procesos de capacitación de la carrera pública magisterial.
En otras palabras, 60% de la docencia ya está bajo criterios meritocráticos. ¿Qué va a suceder con la mayoría de profesores si se acaba con la meritocracia docente? Los profesores de la carrera pública magisterial han incrementado considerablemente sus ingresos por las mejoras en el rendimiento académico. Es decir, el 60% de los profesores se beneficia de la meritocracia y el 60% de las aulas públicas se beneficia de una mejor calidad de la educación. Una extraordinaria noticia para los niños pobres que, a diferencia de los sectores de la clase media o emergentes, no pueden pagar una pensión en un colegio privado.
Las pruebas filtradas en cuanto razonamiento verbal y matemático no necesitan mayor análisis para demostrar que son exámenes estándar mínimos que cualquier profesional que pretenda enseñar en un aula pública debería superar con facilidad. En general todos los exámenes de la carrera pública magisterial han sido absolutamente asequibles para los profesionales que se postulan a una plaza docente.
Si las pruebas se han convertido en enemigo de los docentes solo se explica por la permanente campaña sindical del Fenatep en contra de la meritocracia docente, que comenzó con la huelga magisterial que animó el actual presidente Castillo en sus épocas de dirigente sindical.
En la decisión del Ejecutivo de oponerse a la meritocracia docente prima el cálculo de convertir al magisterio en una herramienta política para adoctrinar a las nuevas generaciones de estudiantes en la prédica colectivista. Igualmente se busca convertir a los docentes en un factor de movilización hacia la asamblea constituyente.
Sin embargo, en este cálculo político no se toma en cuenta el derecho de los niños que asisten a la escuela pública a tener una educación de calidad que les posibilite superar las condiciones de pobreza y marginación.
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