¡Saavedra: el ministro anti inversión privada!

Modelo estatista no debe ser base de reforma

En el Ministerio de Educación (Minedu) se ha decidido combatir la mediocridad académica de la carrera magisterial. Aplausos. Pero, como se dice, eso no alcanza para el té, sobre todo cuando se mantiene una posición abiertamente hostil contra la inversión privada. En una entrevista en Semana Económica, interrogado sobre el rol del sector privado, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, en la práctica no le reconoce ninguna función, excepto la de pagar impuestos. Señala que un directorio de la Confiep dijo que en Canadá “todos los hijos de los empresarios allá estarían en un colegio público. El Perú la va a hacer el día en que cualquier persona rica o pobre decida poner a su hijo en un colegio privado solo si está más cerca”.

Ante estas ideas de Saavedra, vale señalar que quienes defienden posiciones estatistas nos están contando un cuento: en todas las sociedades de bienestar (entre ellas Canadá), ante la crisis económica mundial, se busca desesperadamente reducir el gasto público y aumentar la pluralidad de la oferta en pensiones, educación y salud. La razón: con el desarrollo aumenta el gasto social —por el incremento de la longevidad— mientras que disminuyen la natalidad y el número de trabajadores activos que contribuyen.

En los estados de bienestar se busca, entonces, que el sector privado ingrese a ofertar servicios en pensiones, educación y salud. ¿De dónde Saavedra nos saca ese relato? Algo más: cualquier reforma educativa, de cara al siglo XXI, tiende a reducir el protagonismo estatal en la educación. Esto se debe a que la incesante innovación que implica ingresar a la IV Revolución Industrial demanda empoderar a la iniciativa privada y a la sociedad, antes que al burócrata del colapsado estado de bienestar o de la ex república soviética.

¿Por qué entonces el discurso de Saavedra se ha ganado muchos aplausos mediáticos? El problema es simple: ante la explosión demográfica y el colapso del Estado en sus intentos de proveer servicios de educación, en los noventa se permitió el ingreso de iniciativas privadas a este sector, pero se descuidó la acreditación de la calidad académica. Es decir, se generó la pluralidad de ofertas; pero la sociedad, el consumidor, no estaba empoderado para discriminar la buena de la mala educación. En este contexto surgieron colegios, institutos y universidades de excelencia académica, pero también otros de pésima calidad.

No obstante, cuando Saavedra estaba a punto de lanzar su proyecto estatista, el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) había logrado movilizar más de 3,000 comités de calidad académica en colegios, institutos y universidades. Sin embargo a la burocracia de Educación el primer movimiento procalidad a nivel nacional no le pareció algo importante, y hoy busca por todos los medios paralizar los procesos de acreditación. El objetivo: cancelar cualquier proceso de acreditación independiente del Estado. ¡Todo el poder a los burócratas!

Detrás de la propuesta ideológica de Saavedra está el proyecto estatista de la izquierda. El Minedu ha prohibido la acreditación de los colegios de educación básica, porque no quiere que un colegio privado sea mejor que uno estatal. Ha establecido que las universidades privadas de excelencia —como la UPC, San Ignacio de Loyola, la Científica del Sur y la Continental, por ejemplo—, inicien un nuevo proceso de licenciamiento a cargo de los burócratas (todas las autorizaciones vuelven a fojas cero). Mientras tanto, se han paralizado las acreditaciones de la calidad, con el objeto de favorecer al modelo de la Universidad Católica que, en los últimos años, se ha convertido en el portaaviones intelectual de la izquierda. El objetivo es preciso: ahogar a las universidades privadas (especialmente las de mayor calidad) para evitar la competencia con las universidades afines.

Nadie pretende defender a los colegios, institutos y universidades de mala calidad. Por ejemplo universidades como la César Vallejo (defensoras del actual Sunedu) están totalmente alejadas de los procesos de acreditación de la calidad. Pero considerar que la mala calidad se combate empoderando a los burócratas es olvidar la realidad actual de los mejores sistemas educativos. Sobre todo el de Estados Unidos, que ha construido las universidades top del planeta sobre la base de un sistema de acreditación independiente del Estado y que ya tiene más de un siglo.

La única manera de reformar la educación es con la movilización de la sociedad. Para alcanzar ese objetivo debe existir un sistema de acreditación independiente de los burócratas de turno, y los consumidores (padres de familia y alumnos) deben contar con la información suficiente para saber qué universidad está acreditada y qué carrera es de mala calidad.