Reformar la “reforma universitaria” de Saavedra

A estas alturas es evidente que el licenciamiento de las universidades peruanas desarrollado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha fracasado en todas las líneas. De un total de 142 universidades públicas, asociativas y privadas, solo se han licenciado 15. Además, la burocracia de la Sunedu ha empleado criterios discrecionales y arbitrarios para implementar el proceso, que han motivado el rechazo generalizado de la comunidad universitaria.

De otro lado, vale anotar que el licenciamiento en los mejores sistemas universitarios del planeta solo representa un punto de partida, en tanto que la acreditación desarrollada por entidades independientes del Estado es permanente. En el Perú, por el contrario, el licenciamiento se ha convertido en el punto de partida y de llegada, en tanto que todos los procesos de acreditación en desarrollo han terminado paralizados hasta conseguir el bendito licenciamiento, que depende de la burocracia. No es exagerado entonces sostener que ha llegado la hora de reformar la “reforma universitaria” del ex ministro Jaime Saavedra.

En ese sentido se conocen diversas iniciativas en el Congreso que apuntan a modificar la actual ley universitaria. Por ejemplo un consenso generalizado busca desvincular la Sunedu del Ministerio de Educación. Ningún sistema universitario del primer mundo (entre ellos el de Estados Unidos y los de Europa) es un apéndice de la autoridad política del Estado, tal como sucede en el Perú. El modelo Saavedra solo existió en los países de la ex Unión Soviética y algunos regímenes autoritarios. El impulso reformista, pues, apunta con fuerza en esa dirección.

Asimismo en las iniciativas de modificación de la Ley Universitaria también está el espinoso asunto de los integrantes de la Sunedu. La propuesta más importante al respecto plantea que los consejeros del mencionado organismo sean designados a tiempo completo. Hoy estos funcionarios ejercen a tiempo parcial, reciben dietas, pero carecen del tiempo necesario para dedicarse a la gobernanza universitaria. En este contexto, es la burocracia de la Sunedu la que, en la práctica, ha asumido el control del sistema universitario con las arbitrariedades (en el manejo del licenciamiento) que se conocen; tales como, por ejemplo, establecer procedimientos y plazos sin el Tupa respectivo. Esta situación convierte el procedimiento en el reino del burócrata y la arbitrariedad.

También se conocen iniciativas que proponen que los representantes de las universidades públicas y privadas participen en la composición de la Sunedu. Sin embargo esta fórmula plantea muchas interrogantes en el propio Legislativo, habida cuenta de que el fracaso de la pasada Asamblea Nacional de Rectores (ANR) al organizar un sistema universitaria de calidad, se explica sobre todo, por el carácter corporativo de la entidad rectora del sistema.

Más allá de las diferentes aproximaciones sobre el tema, ahora resulta incuestionable que se necesita modificar la ley universitaria para superar el tufillo estatista e intervencionista que expresa la reforma Saavedra. En realidad, tal como lo hemos sostenido varias veces en este portal, la reforma universitaria del nacionalismo expresaba un espíritu estatista y controlista que nada tiene que ver con la economía de mercado de los últimos 25 años ni con el propio espíritu de la Carta Política.

Ante el fracaso del pasado sistema de la ex ANR había una disyuntiva: se asumía el criterio de que el Estado era el gran salvador de la educación superior, no obstante que era el principal responsable del fracaso de la educación republicana, o se apostaba por la movilización de la sociedad, de los padres de familia y de los consumidores para desarrollar calidad. O quizá valdría señalar que se apostaba por empoderar al burócrata o por empoderar a los consumidores, al igual que los mejores sistemas universitarios. La reforma Saavedra apostó por el Estado, por demonizar a la inversión privada y ahora comprobamos el fracaso y el tiempo perdido.