Desde las reformas económicas de los noventa, la Consti...
El Decreto Supremo Nº 012-2018-Minedu, publicado el pasado 24 de noviembre, establece importantes modificaciones en el Reglamento de la Ley N° 29944 (Ley de Reforma Magisterial). El objetivo de las modificaciones es profundizar la meritocracia en las instituciones educativas públicas.
El principal cambio en la norma está relacionado con el profesor y su ausencia sin causa justificada, y con la obstrucción a la aplicación de alguno de los instrumentos de la evaluación de desempeño docente que le corresponda realizar. Aquel docente que incurra en esas faltas desaprobará automáticamente la evaluación. Asimismo, el profesor desaprueba la evaluación si, sin justificación, deja de participar o concluir alguna evaluación extraordinaria del desempeño docente. Además, si el profesor desaprueba una evaluación ordinaria deberá participar de manera obligatoria en un programa de desarrollo profesional de seis meses.
De esta manera, el Ministerio de Educación (Minedu) está enviando un mensaje claro a la comunidad educativa, a la sociedad en general y, sobre todo, al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque recientemente, en la comisión de Educación del Legislativo, se aprobó un dictamen anti meritocrático que contempla la reincorporación de 14,317 profesores cesados por no cumplir con los requisitos estipulados en la Ley de Reforma Magisterial. La norma populista, aprobada en la comisión por la mayoría congresal, violenta la meritocracia en los colegios estatales. La ley, a todas luces, echa por tierra todos los programas de capacitación y todas las evaluaciones desarrolladas por el Minedu con el fin de mejorar la calidad de los profesores.
La única manera de mejorar la educación en Perú es capacitando a los docentes y luego evaluándolos. Y lo que pretende la norma planteada en el Congreso es saltarse este procedimiento. Con ese dictamen, los profesores cesados se estarían burlando del esfuerzo y del sacrificio de sus demás colegas que se someten a las evaluaciones programadas por el Minedu. El Congreso no puede eliminar, en su búsqueda de la popularidad, todos los esfuerzos realizados alrededor del mérito de los docentes.
En octubre pasado 217,191 docentes a nivel nacional rindieron la Prueba Única Nacional (PUN) de 90 preguntas relacionadas con la comprensión lectora, matemáticas, temas pedagógicos y la especialidad de cada docente. El objetivo de la prueba, además de mejorar la educación de los escolares pobres del país, es aumentar el número de profesores nombrados (y disminuir el número de profesores contratados). No es posible desarrollar programas de capacitación eficientes con un alto porcentaje de profesores contratados, que no se sabe si seguirán o no en el sector educativo público. En 2017, en todo el país 338,243 profesores rindieron las distintas evaluaciones convocadas por el Minedu. Un total de 44,000 profesores pasaron por los filtros de la meritocracia: 28,295 docentes ascendieron a una de las siete escalas que tenían por delante, 10,932 fueron nombrados y 5,398 aprobaron la evaluación de desempeño.
Es imposible mejorar la educación con un alto número de profesores con contratos de trabajo temporal, como en los tiempos del ex ministro de Educación del humalismo Jaime Saavedra. ¿Cuál fue el resultado de la gestión del “gurú de la educación”? Que lo nombramientos solo alcanzaron a 8,000 profesores y 160,000 seguían contratados. Hoy, todo ese panorama está cambiando. Con el ex ministro de Educación Idel Vexler, la meritocracia volvió a alzar vuelo. El objetivo es más maestros nombrados, en lugar de contratados. Esa es también la médula de la reforma educativa.
El Congreso intenta boicotear todos los esfuerzos realizados. Así también en el 2007 lo hacía el altamente politizado Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), cuando se instauró la Ley del Mérito en la Escuela Pública, durante la gestión del ministro José Chang. De la misma forma como también lo hace hoy el profesor Pedro Castillo, dirigente de una facción radical y extremista del sector educativo, que se opone a la reforma y al mérito en la escuela de los más pobres, y pide la derogación de la Ley Nº 29944. No obstante, la meritocracia en la escuela pública no se debe detener; por el contrario, se debe afianzar.
COMENTARIOS