¡Orjeda mangonea la Sunedu!

Presidenta de Concytec concentra excesivo poder

No obstante que Jaime Saavedra ya no está al frente del sector Educación, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) continúa con el sesgo estatista y sigue ahogando las iniciativas del sector privado en la educación superior. No es temerario afirmar entonces que Marilú Martens, la actual ministra de Educación, no ha logrado modificar el funcionamiento de la Sunedu. Y he aquí lo sorprendente: luego de la censura de Saavedra, Lorena Masías, actual superintendente de la Sunedu, empezó a dialogar con todos los sectores de la universidad y pretendió construir consensos. Sin embargo nada cambió.

Según diversas versiones recogidas por este portal, el sesgo estatista se explica por el enorme protagonismo que ha adquirido la señora Gisella Orjeda, quien participa en la Sunedu como presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec). La influencia de Orjeda, en la práctica, sobrepasa la gestión de Masías y ha motivado la renuncia de gran parte del personal de la Sunedu.

¿Cómo continúa expresándose el sesgo estatista de la Sunedu? Por ejemplo, para el 2017 la Sunedu tiene un plan nacional de supervisión de las universidades con 900 acciones programadas. En otras palabras, en el momento en que los claustros universitarios empiezan y culminan las etapas de licenciamiento —que demanda una tramitología que ahoga a las universidades— se realizarán 900 acciones de control. Semejante irracionalidad y locura solo nace de una concepción que pretende liquidar los esfuerzos privados y de la sociedad.

Un ejemplo clarísimo que grafica el reino de la burocracia y el trámite: cuando La Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) consiguió un informe técnico positivo de la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu —en otras palabras, cuando había conseguido su licenciamiento—, vino una orden que señalaba “que había que encontrarle algo, cualquier falla”. El licenciamiento de esta universidad se demoró otros seis meses más. Todas las versiones atribuyen esta actitud a la influencia de la señora Orjeda.

Para todos es evidente la animadversión de Orjeda contra el aporte privado en la educación superior. En su calidad de presidente de Concytec la señora Orjeda se ha ganado serios cuestionamientos por decisiones que favorecen a algunos y excluyen a otros, al margen de cualquier criterio académico. Para todos son conocidas las denuncias periodísticas y las investigaciones pendientes en el Legislativo al respecto. Por ejemplo, el diario Perú 21 denunció que Orjeda habría avalado subvenciones de cerca de medio millón de soles a su ex socio Carlos Merino. De igual manera el señalado diario también denunció que otra socia de Orjeda, Joanna Gambetta, también consiguió dos financiamientos de Concytec que suman alrededor de S/. 600,000. En la Comisión de Fiscalización del Congreso se señala que se han detectado 22 irregularidades durante la gestión de Orjeda en Concytec. El asunto, pues, es sumamente complicado, por decir lo menos.

Pero eso no es todo. La señora Orjeda, de un tiempo a esta parte, se ha convertido, probablemente, en uno de los personajes con más poder en las instituciones dedicadas a financiar investigaciones académicas y otras actividades vinculadas a la vida universitaria. Por ejemplo, aparte de integrar el Consejo Directivo de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu), forma parte de los organismos directivos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Comisión Nacional Peruana con la Unesco, Consejo Directivo Ad Hoc del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA). Igualmente la señora Orjeda es la representante del Sineace ante el Consejo Directivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) e integra el Consejo Consultivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

En todo caso, poco a poco comienzan a surgir el porqué algunos sectores se niegan de plano al aporte del sector privado en la educación y consideran que una burocracia del Estado debe convertirse en la instancia decisoria de los temas académicos, científicos y culturales.