¡Ofensiva estatista en contra de la educación privada!

La administración Sagasti ya comienza a pasar a la historia –o a la simple cronología– como uno de los gobiernos más estatistas y anti inversión de los últimos años. Si bien la pasada administración Vizcarra hizo el amague de estatizar a las clínicas privadas (que solo atienden al 5% de la población) y de controlar los precios de las medicinas de las farmacias privadas (solo responsables del 20% de la oferta de medicinas), el gobierno de Francisco Sagasti ya forma parte del panteón colectivista de nuestra historia. El motivo: la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, la mejor ley económica de las últimas dos décadas.

Pero no solo se trata de la derogatoria de la ley agraria que posibilitó nuestra conversión de mendigos agrarios a la condición de potencia agroexportadora (los envíos al exterior aumentaron de US$ 850 millones a más de US$ 7,000 millones), de la persistencia en el monopolio estatal de la importación de vacunas contra el Covid –que causa alta letalidad y anula nuestras posibilidades de recuperar la economía en el 2021–, sino que también el Ministerio de Educación (Minedu) ha desatado una cruzada ideológica que busca ahogar a la educación privada. Una perspectiva, a nuestro entender, que revela la misma frivolidad y negligencia que la terquedad en el monopolio estatal en la importación de vacunas.

Sucede que el Minedu ha publicado el nuevo reglamento de la Ley 26459 con el objeto de regular a los claustros privados de educación básica. Las regulaciones –que se convierten en sobrerregulaciones imposibles de cumplir– establecen nuevas condiciones para la infraestructura de los colegios y regula aspectos financieros y educativos.

En cuanto a los requisitos para las infraestructuras de los colegios privados, se establecen condiciones que no se exigen a los centros de educación pública. Se exigen inversiones en infraestructuras difíciles de cumplir, en el preciso momento en que la pandemia, la emergencia y los fracasos del Estado en el manejo de la economía, simplemente, han colocado a miles de claustros al borde de la quiebra. Pero eso no es todo. Se exigen renovaciones y nuevas infraestructuras cuando el avance de la pandemia y la letalidad siguen obligando a mantener la educación digital a distancia. 

Ante esta situación la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril) ha señalado que las nuevas regulaciones del Minedu en cuanto a las infraestructuras podrían causar el cierre de más de 10,000 colegios. Una terrible noticia. El asunto es más que grave si recordamos que un tercio de la matrícula en educación básica es atendido por el sector privado.

Es evidente que los colegios privados y públicos deben mejorar sus infraestructuras. Sin embargo, en medio de la feroz recesión y el avance de la pandemia, plantear estas exigencias es una manera velada de promover el cierre de colegios obligados a la educación a distancia.

El efecto inmediato del cierre de tantos colegios determinaría que las pensiones de los claustros privados que sobrevivan al tsunami se incrementen; y de otro lado, miles de escolares tendrían que conseguir matrícula en la escuela pública. Y todos sabemos que el actual Estado fallido no es capaz de comprar pruebas moleculares, equipar los hospitales y menos comprar vacunas para inmunizar a la sociedad en este año. ¿Cómo va a atender a miles de estudiantes?

¿Cómo explicar esta actitud del Minedu? El sector Educación ha sido, prácticamente, tomado por corrientes colectivistas y estatistas que se han propuesto eliminar el aporte privado al sector educativo con el objeto de que solo permanezca la escuela pública. Bajo el argumento igualitarista en contra de “las entidades de lucro”, se busca eliminar la pluralidad de la oferta educativa y centralizar todo en “la gran planificación educativa del Estado”, que forme a las colmenas igualitarias del mañana. 

En otras palabras, todo se explica por la obsesión ideológica de controlar la educación y los contenidos curriculares. Bueno, todo indica que el ministro Ricardo Cuenca ha llegado al despacho solo para apretar el acelerador de esta estrategia.

Sin embargo, a pocas semanas del cambio de gobierno, el sector Educación debería abstenerse de elaborar la política educativa de la próxima administración y dejar las cosas como están. Lo obliga un mínimo principio democrático.