El Congreso de la República debería aprobar una ley que ...
De ninguna manera el Congreso debería insistir en promulgar la ley –observada por el Ejecutivo– que posibilita el nombramiento automático de más de 80,000 maestros que tienen más de tres años de contratados, nombramientos que se producirían al margen de los concursos de méritos y evaluaciones que ha convocado el Ministerio de Educación (Minedu).
Si el Legislativo decidiera insistir en la norma observada estaría atentando contra una política de Estado que se implementa desde el 2006 a través de sucesivos gobiernos y que, con marchas y contramarchas, ha permitido que el 80% del magisterio nacional pertenezca a la Carrera Pública Magisterial; es decir, a un magisterio nombrado y promovido en base a los concursos de méritos y evaluaciones convocados por el Minedu. Si se produjese la insistencia en la ley observada que mencionamos, no solo se atentaría contra la reforma meritocrática del profesorado, sino que se produciría una paradoja inaceptable: el Congreso que detuvo y se enfrentó al golpe de Pedro Castillo estaría implementando la política contra la meritocracia que el profesor chotano no pudo concretar pese a estar en el poder.
Una de las cosas más graves, en una eventual insistencia en la mencionada norma, es que la mayoría de los 80,000 profesores que serían nombrados de manera automática es la docencia que ha desaprobado los últimos concursos de méritos convocados por el sector Educación. En otras palabras, sería el premio a la mediocridad, a la falta de esfuerzos y desidia en las aulas.
Vale señalar que, luego de más de 18 años de haberse implementado la carrera meritocrática en el magisterio, el 80% del total de 420,000 docentes pertenecen a las diferentes escalas de la carrera pública magisterial (CPM). Es decir, tienen un lugar en la docencia y un nivel de salario de acuerdo con sus calificaciones y capacitaciones. Obviamente que quienes más ganan con el avance de la meritocracia magisterial son los niños más pobres de las escuelas públicas, que tienen la oportunidad de acceder a una mejor educación y desarrollar más oportunidades.
Es evidente que preservar los principios meritocráticos en el magisterio es fundamental para imaginar una reforma de la educación que capitalice el futuro de la sociedad peruana. Planteada las cosas así, vale señalar que la reforma meritocrática de la docencia apenas representa el primer escalón de una reforma integral del sistema educativo, una reforma sin la cual es imposible imaginar un modelo de desarrollo del país ligado a la actual globalización.
Vale anotar que el desarrollo es imposible si el sistema educativo no capitaliza a la sociedad a través de la formación de una fuerza laboral educada, con gran capacidad de innovar y competir en los mercados globales. A los países occidentales les tomó más de dos siglos aprender esta lección del desarrollo en tanto que a los países del sudeste asiático, los llamados Tigres de Asia, les demandó cuatro décadas. Siempre vale mencionar el ejemplo de Corea del Sur que, a través de una reforma integral de la educación y la promoción de la ciencia y tecnología, ha logrado el desarrollo y competir en todos los mercados de la digitalización y la IV Revolución Industrial.
Es evidente, pues, que si el Congreso insiste en la norma que posibilita el nombramiento automático de los docentes estaría debilitando la base desde la cual debe partir la reforma educativa. Es decir, desde una docencia meritocrática que desarrolle una permanente capacitación y llegue a igualarse con los mejores sistemas educativos del planeta.
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