¿Meritocracia o ideología de género?

El nuevo Gabinete que encabeza Salvador del Solar tiene que resolver los enormes problemas de gobernabilidad acumulados: relanzamiento del crecimiento y del proceso de reducción de pobreza, restablecimiento de la autoridad del Estado unitario, impulsar la reconstrucción del norte, reducir la anemia y enfrentar la ola criminal. Los problemas se acumulan de tal forma que casi no hay tiempo.

Igualmente, el nuevo Gabinete está en la obligación de implementar reformas económicas y sociales: la reforma laboral, el relanzamiento de las inversiones en infraestructuras, las reformas de los sistemas educativos y de salud, entre otros. No hay tiempo para librar guerritas sin sentido ni alentar polarizaciones injustificadas. El resto es frivolidad.

Una de las grandes reformas que la administración Vizcarra está obligada a consolidar, pues, es la reforma meritocrática en la escuela pública. Es decir, que existan criterios mínimos de calidad en el nombramiento y la evaluación los docentes. En otras palabras, construir uno de los pilares desde el cual se debe avanzar a organizar un sistema educativo conectado con las grandes tendencias de la IV Revolución industrial, la digitalización de la sociedad y las explosiones de la innovación en general.

¿Cómo, pues, avanza la política meritocrática? El 8 de marzo pasado venció el plazo para inscribirse en el concurso de nombramientos docentes convocado por el Ministerio de Educación (Minedu). El 21 de junio próximo se rendirá la Prueba Única Nacional para ingresar a la carrera magisterial. De esta manera el Estado se ha propuesto nombrar al 75% de los docentes a nivel nacional —sobre la base de criterios meritocráticos— en el 2022.

Sin embargo, esta política de Estado —que se inició con el nombramiento de José Antonio Chang en el Minedu, continuó con la gestión de Jaime Saavedra, y persiste con la administración Vizcarra— no solo enfrenta las resistencias del radicalismo magisterial, que se opone abiertamente a cualquier criterio meritocrático, sino también de las bancadas y políticos del Congreso. Por ejemplo, la Comisión de Educación del Congreso acaba de aprobar un proyecto que restituye en sus puestos a 10,700 directores que fueron jalados en evaluaciones de años atrás. Asimismo, en la mencionada comisión legislativa se ha presentado el proyecto de Ley N. 2312/2017-CR —con el apoyo del Apra, de Fuerza Popular y del Frente Amplio— que pretende restituir en sus plazas a los docentes interinos cesados por no cumplir con los requisitos establecidos en la carrera magisterial.

¿Por qué los políticos son receptivos a las demandas del radicalismo magisterial? La respuesta es simple: porque el Minedu no ha concretado la alianza urgente y necesaria con los padres de familia para implementar la meritocracia y crear una base social mayoritaria, alternativa al radicalismo. Y, ¿por qué no ha sido posible esa alianza? Porque en el Minedu se ha priorizado la llamada “ideología de género” que promueven las ONG de izquierda y que explican el insalvable abismo entre el sector Educación y los padres de familia. Esta situación no puede continuar.

En el Minedu debe entenderse que cualquier gestión define objetivos, y es evidente que no se podrá derrotar al radicalismo magisterial ni al populismo de los políticos si es que no se definen con claridad las batallas que deben librarse. Si las familias de los escolares estuviesen marchando en defensa y la profundización de la meritocracia no habría fuerza capaz de oponerse el ventarrón reformista en los colegios. De alguna manera el Perú estaría sentando las bases de la gran reforma educativa que necesitamos para organizar una sociedad innovadora, una fuerza laboral capacitada, enganchada en las tendencias de la vertiginosa digitalización. Resulta difícil entender, entonces, lo que pasa en el sector Educación.