Los demócratas abandonaron la educación a comunistas y progresistas

Uno de los grandes problemas de los sectores que, en Iberoamérica, defienden el Estado de derecho y el sistema de libertades económicas y políticas es que se dedicaron a promover las reformas económicas, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza, mientras ignoraban la importancia de la educación y la cultura. En este contexto, las izquierdas –en sus versiones comunistas y progresistas– se lanzaron a controlar el sistema educativo y ganar las conciencias de las nuevas generaciones.

De allí, por ejemplo, que el mundo democrático se quedó pasmado cuando los estudiantes chilenos incendiaron Santiago en octubre de 2019 exigiendo convertir a Chile en una Cuba o en una Venezuela –países con más del 80% de pobreza– no obstante que la sociedad chilena había alcanzado el ingreso per cápita más alto de la región y había reducido la pobreza por debajo del 8%. A partir de allí Chile inició su “momento constituyente” que destruye el milagro del sur. Perú, otra estrella del mundo emergente, que había reducido la pobreza del 60% de la población a 20% (antes de la pandemia), igualmente fue sacudido por el triunfo de una propuesta colectivista liderada por Pedro Castillo. La tragedia que se desató concluyó con el fracaso del golpe de Estado de Castillo.

Las lecciones eran claras: la gente no solo come pan, y el crecimiento por sí solo no garantiza la libertad. La ciudadanía también se alimenta de la educación y de las narrativas. En el Perú las llamadas centros-derechas durante el siglo XX y el XXI abandonaron cualquier proyecto de reforma de la educación y solo se dedicaron a promover el crecimiento y la inversión.

Desde mediados del siglo pasado, las corrientes comunistas –en sus versiones soviéticas y maoístas– se propusieron controlar el sistema universitario a través de los tercios estudiantiles. Finalmente, llegaron a “hegemonizar” universidades enteras, y a partir de allí empezaron a controlar las organizaciones magisteriales. Muy pronto la universidad y la escuela pública se convirtieron en centros de adoctrinamiento marxistas y se desató el genocidio y terror de Sendero Luminoso, que todos los científicos sociales califican como una guerra de maestros y estudiantes.

La derrota del terror senderista a inicios de los noventa no significó una reforma democrática de la educación, con el objeto de organizar un sistema educativo tolerante, que incluya todas las narrativas de la sociedad y promueva un sistema de libertades políticas y económicas. El progresismo convirtió a las escuelas en centros de adoctrinamiento de ideologías –como la del género– que construyeron una cultura de la cancelación y la exclusión en el espacio público. En los textos escolares, la dictadura de Velasco se convirtió “en un proceso social a favor de los pobres”, y los guerrilleros comunistas fueron romantizados como héroes de los pobres. Sobre la sombra de esas narrativas, la llegada de Castillo apareció inevitable. ¿O no?

El único momento en que las centro derechas se preocuparon por la educación fue con el inicio de la carrera magisterial en base a criterios meritocráticos –durante el segundo Gobierno de Alan García–, que posibilitó nombrar y promover a los docentes de acuerdo a sus méritos y calificaciones. Gracias a esa reforma, hoy el 50% de los docentes –de un total de 380,000– ya forma parte de la carrera pública magisterial. El Gobierno de Castillo y el maoísmo en el poder movieron cielo y tierra para acabar con la meritocracia, pero no pudieron.

Con la nueva gestión de Óscar Becerra al frente del Ministerio de Educación (Minedu), se abre la posibilidad de concretar y consolidar una reforma meritocrática de la educación. Sin embargo, se requiere que el Congreso apruebe una ley para que los concursos docentes sean anuales hasta el 2030, de manera que –en pocos años– el 75% del profesorado pertenezca a la carrera pública magisterial y el 25% sea contratado. Igualmente, se debe aprobar el proyecto que crea la carrera de director del colegio, que debería ser evaluado cada cuatro años. Finalmente, el director es líder del colegio, de la comunidad y el primer responsable de la reforma.

En cualquier caso, si los sectores democráticos y republicanos no proponen la reforma de la educación será imposible defender las libertades y el Estado de derecho. La experiencia lo confirma.