La SUNEDU en el candelero

La decisión de la Comisión de Educación del Congreso de investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha desatado fuertes reacciones contra el Congreso. El estribillo que se repite es que los congresistas que alientan la indagación tienen intereses con universidades privadas deficientes. Parece que hay algo de verdad en ese tipo de afirmaciones; sin embargo, el problema no es si hay intereses, sino si éstos benefician o no a la educación. Entre los defensores a rajatabla de la Sunedu también hay una floresta de intereses, desde una enredadera de consultorías hasta el control de dicha entidad por un partido de color morado.

No compartimos la idea de investigar a la Sunedu en este momento. Pero es evidente que esta entidad no es la suma de las perfecciones. Por ejemplo, la Sunedu nació y se desarrolla con un evidente tufillo anti inversión privada en el sector, intentando atribuir el fracaso del sistema universitario solo a los claustros privados deficientes, como si no existiesen universidades públicas y asociativas de mala calidad.

El sesgo anti inversión privada, a nuestro entender, desconoce un dato fundamental de la realidad: cuando en 1996 se promulgó el Decreto Legislativo N° 882, que posibilita la inversión privada en la educación, el Estado estaba quebrado con una creciente presión social para la expansión del sistema universitario. Si consideramos el problema del terrorismo, la situación era explosiva. En ese entonces la universidad pública concentraba los dos tercios de la matrícula y el futuro era la tugurización y la destrucción de los claustros, mientras que la universidad privada (asociativa) solo reunía un tercio de los alumnos. Hoy la situación es inversa: la universidad pública tiene un tercio de la matrícula y las no estatales (asociativas y privadas) los dos tercios restantes. La inversión privada, pues, ha salvado a la universidad pública porque estas entidades han mantenido su número de matrículas en tanto los presupuestos se han multiplicado por diez. ¿El papel de la inversión privada, entonces, no es positivo, sobre todo para los talentosos de menores recursos que ingresan a la universidad pública? ¿No hay un mecanismo de redistribución social con la nueva situación de la universidad estatal?

Pero eso no es todo. En el sector privado han surgido universidades de alta calidad, todas ellas ya licenciadas, que han comenzado a disputar abiertamente con claustros asociativos como la Católica, la Pacífico, Cayetano Heredia y la Universidad de Lima. La disputa es tan intensa que las pensiones comienzan mantenerse o a bajar sostenidamente. Hoy ya no existe la universidad de los pobres, tugurizada y sin presupuesto (la pública) ni la universidad de los ricos (asociativa). 

Es evidente que existen universidades públicas, asociativas y privadas deficientes. Una verdad innegable. Pero esa situación es de exclusiva responsabilidad del Estado, que toleró el pasado sistema de la Asamblea Nacional de Rectores, que funcionaba al margen de criterios de acreditación y licenciamiento de las universidades. Sin embargo, la necesidad de corregir ese grave yerro no debe llevarnos al extremo estatista que ignora los beneficios de la inversión privada en una sociedad como la nuestra. Y que pretende convertir al Estado en el árbitro del sistema universitario, algo inconcebible para las sociedades abiertas y los mejores sistemas educativos, en donde el autogobierno y la autonomía del claustro está vinculadas a exigentes sistemas de acreditación.

Por todas estas consideraciones, la actual Ley Universitaria y el desarrollo de la Sunedu deben modificarse y perfeccionarse. Por ejemplo, es inaceptable —desde el punto de vista universitario— que la Sunedu dependa del Ministerio de Educación. Igualmente se debe revisar las absurdas trabas que se ponen a la educación a distancia y digital, cuando el mundo se embarca hacia la IV Revolución Industrial y la explosión de las tecnologías. De igual manera se deben reformar las relaciones entre el licenciamiento y la acreditación. El licenciamiento —que depende del Estado— debe ser en una sola ocasión, mientras que la acreditación de la universidad y las carreras debe ser permanente.

Como se aprecia la Sunedu no solo es luz, también es sombra. El problema es que los que denuncian intereses suelen defender otros intereses.