¡La calidad no debe parar!

Nueve razones para que continúe la acreditación educativa del SINEACE

Una vez más, la educación sufre las consecuencias del afán de ciertos expertos en borrar lo bueno que existe para “rehacerlo” con su sello personalísimo. Este mal endémico es una de las causas de la debilidad institucional del Perú. Es lo que está ocurriendo hoy, cuando vemos cómo el gobierno busca liquidar el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación (SINEACE).

Mientras las naciones prósperas han construido su desarrollo apostando por el largo plazo, la continuidad de las políticas públicas y el fortalecimiento de las instituciones, en el Perú se apuesta por el corto plazo, se refundan o recrean los programas y políticas de gobierno. Lo que un gobierno escribe bien con la mano, el otro que llega le borra con el codo.

Lo mismo se pretende hacer con el modelo de calidad educativa. El Ministerio de Educación está empeñado en eliminar el sistema que lo conduce con eficiencia, para reemplazarlo por otro que nadie sabe si funcionará y que, en vez de empoderar al ciudadano -como sí lo hace el actual-, se propone empoderar al burócrata que ya ha fracasado tantas veces. Si el estado ha llevado a la educación pública a la mediocridad extrema que conocemos, ¿cómo podría garantizar ahora que mejorará la calidad de todo el sistema educativo del país?

Pero la realidad contradice la voluntad del MINEDU y nos dice que no existen las condiciones políticas e institucionales mínimas para cambiar el modelo. Hay al menos nueve razones aconsejan mantener el SINEACE. Estas son:

1. La Ley universitaria enfrenta tres demandas de inconstitucionalidad pendientes de ser resueltas por el Tribunal Constitucional. Es decir, su continuidad es incierta.

2. El máximo órgano de gobierno del sistema universitario creado por dicha ley, la SUNEDU, está cuestionado por la comunidad universitaria por ser un apéndice del Ejecutivo, lo cual viola la autonomía universitaria y la Constitución.

3. Se ha paralizado innecesariamente una sana competencia entre instituciones educativas por la calidad. Hablamos de 1,689 carreras universitarias, 694 especialidades de institutos de educación superior tecnológica, 576 colegios, 274 Centros Técnico Productivos y 162 institutos pedagógicos. Un esfuerzo en el que participan 40 mil personas, entre directores, docentes, alumnos y ex alumnos que venían trabajando más de 2 años. ¿El gobierno está dispuesto a cargar sobre sus hombros con esta frustración?

4. Se pretende liquidar un modelo que goza de la aceptación, el respeto y la credibilidad en la comunidad educativa, lo cual se expresa en el crecimiento exponencial de los procesos de acreditación durante los años 2013, 2014, y 2015. La aceptación se explica porque el modelo se inicia desde abajo, con la autoevaluación de las instituciones por los estamentos que la conforman: directivos, maestros, alumnos, exalumnos; sin injerencia del estado.

5. NO se ha terminado de implementar el 100% de los estándares de calidad de la primera etapa del proceso: acreditación y reacreditación. Por lo tanto es prematuro y subjetivo juzgar y llegar a conclusiones sobre el modelo. Recién el 2011 y el 2012 se crearon las primeras empresas evaluadoras de la operatividad el Modelo.

6. Tampoco se ha hecho un balance objetivo y serio de las fortalezas y debilidades del modelo consultando a las instituciones empoderadas por los procesos de autoevaluación, que han venido trabajando con entusiasmo, sin pausa y sin descanso, para acreditar a su institución educativa.

7. La mejora de la calidad educativa no depende de normas ni de estándares complicados o blandos, ni de la presencia de acreditadoras internacionales, sino del compromiso de los docentes y autoridades con el cambio. Y pasa porque exista un modelo nacional de acreditación de elevado contenido ético, que tenga credibilidad, y también apoyo del estado. El modelo es tan exitoso que ha sido asumido inclusive por las escuelas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

8. El modelo peruano ha desmitificado la supuesta superioridad de la acreditación internacional. Cada acreditadora extranjera tiene sus propios estándares y una carrera puede tener una o más acreditaciones de agencias nacionales o extranjeras. Por ello los ajustes al modelo no pueden ser encargados a consultoras foráneas; deben hacerse desde la experiencia adquirida en los procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación.

9. El país debe fortalecer su modelo de acreditación con ajustes periódicos que sean frutos de la reflexión y el consenso de la comunidad académica, para mejorar y no debilitar el sistema; y sin interrumpir los procesos en curso.  

Ante las razones expuestas, emerge la pregunta: ¿se puede imponer un modelo de calidad en contra de la voluntad de los actores de la educación? Si el ministro Jaime Saavedra insiste hacerlo basándose en una evaluación inexacta del modelo, el Congreso tiene la obligación de rectificar ese error.