La amenaza de nueva huelga magisterial

Los diversos sectores radicales del magisterio nacional, encabezados por Pedro Castillo (muy cercano al MAS de Gregorio Santos) y el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (Conare-Sutep, vinculado a Sendero Luminoso), pretenden inaugurar el año escolar 2018 con una huelga general indefinida, a semejanza de la paralización del 2017 que puso en grave peligro el año escolar (hoy recuperado en algo) y movilizó centenares de profesores de provincias hacia Lima para convertir a la capital en un verdadero campo de batalla. El sueño del radicalismo magisterial, en realidad, tiene que ver con la intención de ganarle la representación oficial del sindicato magisterial a Patria Roja, que controla el CEN del SUTEP.

El objetivo de los dirigentes radicales es político, y a ellos no parece interesarles en lo más mínimo el futuro de los estudiantes de las escuelas públicas del país. Pero no solo es un objetivo político, sino también económico: saben que controlar el CEN del SUTEP los llevaría directamente —al menos así sucede hoy— a manejar la Derrama Magisterial, una organización de seguridad social privada de los maestros de la escuela pública que —valgan verdades— ha sido manejada con criterios técnicos y responsables.

En su afán de concretar sus estrategias, el radicalismo magisterial —como suele hacerlo en otros sectores— plantea demandas difíciles de alcanzar y desarrolla una serie de mitos y leyendas. Por ejemplo, propone que la educación llegue a sumar de un solo plumazo el 6% del PBI en el presupuesto (hoy representa el 3.7%), y se denuncia que las modalidades de asociaciones público privadas y obras por impuestos, que el sector Educación impulsará con el sector privado —para cerrar brechas de infraestructura—, es parte de un proyecto de privatización de la escuela. Y, por supuesto, el tema de fondo tiene que ver con la permanente oposición del radicalismo a que se consolide la meritocracia docente a través de la Carrera Pública Magisterial.

Felizmente, en el Minedu se ha entendido la importancia de la política y el trato directo con el magisterio. Desde hace algunas semanas los viceministros del sector y los directores se han trasladado a diversas regiones para conversar directamente con los maestros y los gremios regionales, mientras se inicia el trato directo con el CEN del SUTEP.

En estas reuniones se explica a los docentes que el Minedu ha cumplido con el compromiso magisterial de aumentar S/ 2,000 la remuneración para la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, mientras se garantizan los beneficios acordados con los profesores contratados. Asimismo se informa que el sector Educación ha formado una comisión técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para elaborar un plan de mediano y largo plazo que posibilite un incremento sostenido de las remuneraciones magisteriales. De otro lado, se refutan todas las leyendas que el radicalismo organiza con la intención de confundir a los docentes; por ejemplo, la supuesta privatización de la escuela pública.

Sin embargo es incuestionable que la gestión de Idel Vexler enfrentará una prueba fuego ante las intenciones del radicalismo magisterial de impulsar una nueva huelga. Si en el Minedu se logra sensibilizar a la sociedad y, sobre todo, movilizar a los padres de familia frente la nueva amenaza contra la escuela pública, es seguro que los extremistas del magisterio serán derrotados en toda la línea.

No obstante vale preguntarse, ¿cómo así ha resurgido ese radicalismo maoísta en algunos sectores del magisterio, a tal punto que hoy se dibuja una nueva amenaza de huelga? A nuestro entender la gestión de Jaime Saavedra al frente del sector —que solo se dedicó a demonizar la inversión privada en la educación— es la principal responsable del resurgimiento del radicalismo. ¿Por qué? En un editorial anterior señalamos que “durante la administración previa —de José Antonio Chang— 60,000 profesores se incorporaron a la nueva Carrera Pública Magisterial (CPM), mediante los nombramientos de docentes de la Ley del Profesorado y por concursos públicos” . Pero con Saavedra solo se nombraron 8,000 profesores, y los docentes contratados se incrementaron de 15,000 a 160,000. ¿Alguien duda de que se abandonó la reforma meritocrática de la escuela pública?

El reto de la nueva gestión ministerial, pues, es enorme: salvar la reforma meritocrática docente del desastre que armaron el nacionalismo y Saavedra. Por ahora, con derrotar al radicalismo magisterial se habrá dado un gran paso. Y seguro que toda la sociedad respaldará al Minedu.