La acreditación es la clave de nueva etapa de reforma universitaria

El licenciamiento que desarrolló la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) posibilitó retirar del sistema universitario a una tercera parte de las universidades existentes en el 2014 y crear un bloque de universidades públicas, asociativas y societarias a favor de la calidad universitaria. En ese sentido, el licenciamiento representa la construcción de la superficie sobre las cuales se construirán las columnas de la nueva universidad en el país. 

En ese contexto, se acaba de conocer un interesante pronunciamiento de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), cuya totalidad de asociados ha conseguido el respectivo licenciamiento. Una agrupación de universidades que representa al 55% de la matrícula privada en el sistema universitario.

En el comunicado de FIPES se plantea que, luego del licenciamiento, la clave de la continuidad de la reforma universitaria debe focalizarse en la acreditación académica de las carreras profesionales que ofrecen las universidades. E igualmente, se plantea cancelar el criterio de la renovación de licenciamientos cada seis años. A nuestro entender el mencionado planteamiento requiere un análisis de fondo porque desvela un debate central sobre cómo avanzar en la reforma universitaria.

Antes de continuar vale señalar que, en los países occidentales –es decir, las universidades de los Estados Unidos y Europa–, generalmente, el licenciamiento de las universidades es por una sola vez. Luego de establecidas las condiciones básicas de funcionamiento por el Estado, la acreditación de las carreras y los claustros es permanente. En otras palabras, la acreditación nunca termina. 

En el sistema universitario de los Estados Unidos –en donde se ubican las principales universidades del planeta– el licenciamiento estatal es por única vez, pero la acreditación es eterna y depende de acreditadoras provenientes de la sociedad (no del Estado). El sistema de acreditación tiene más de 100 años. De esta manera, en las universidades de Occidente –es decir, en las mejores del mundo– el Estado licencia por una sola vez y la sociedad controla y acredita de manera permanente.

Y todo parece alinearse con la idea de una sociedad democrática y abierta. La ciencia, la tecnología y los avances académicos de una sociedad no pueden estar controlados por el Estado, tal como sucedía en los ex países de la Unión Soviética y acaeció durante el velascato en el país. De ninguna manera. De allí que la acreditación deba depender de entidades privadas con plena autonomía del Estado.

En ese sentido es evidente que el pronunciamiento de FIPES planteando una ruta para continuar la reforma universitaria es de absoluto sentido común. Las universidades licenciadas deberían proceder acreditar sus carreras ante el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) porque la reforma universitaria corresponde a una sociedad abierta y democrática en donde la sociedad cumple un papel fundamental.

Por otro lado, la acreditación permanente permite sortear algunas trampas que puede traer una reforma únicamente focalizada en el licenciamiento y en la intervención del Estado. Por ejemplo, cualquier carrera puede conseguir una acreditación, sin embargo, como el proceso no es permanente, transcurrido unos años, para la carrera acreditada ya no existen los profesores principales suficientes, ya no se desarrollan investigaciones ni se mantienen revistas indexadas. Cualquiera diría que la acreditación no permanente se convierte en una golondrina que no hace el verano.

El pronunciamiento de FIPES, pues, plantea un debate de fondo sobre cómo continuar la reforma universitaria en el Perú a semejanza de los grandes sistemas de países desarrollados.

Igualmente vale señalar que la demanda de las universidades privadas por eliminar las restricciones a la educación virtual en pregrado responde a los grandes cambios tecnológicos y científicos en el planeta y, de otro lado, recoge la voluntad de inclusión de amplios sectores sociales de la juventud que solo pueden acceder a una educación de calidad a través de la virtualidad.

En cualquier caso, el debate sobre la continuidad de la reforma universitaria debe continuar y profundizarse.