Guerra ideológica en los colegios

Antes de la pandemia la meta del Ministerio de Educación (Minedu) era nombrar al 75% de profesores en los colegios públicos hasta el 2022 en el marco de La Ley de la Reforma Magisterial (Ley Nº 29944). El plan era profundizar la meritocracia educativa realizando concursos públicos anuales (en lugar de cada dos años) de nombramiento para ingresar a la carrera pública magisterial. 

Sin embargo, de acuerdo a las directivas de Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef), la huelga de docentes de 2017, liderada por Pedro Castillo, debía oponerse frontalmente a la Ley Nº 29944 y evitar la continuidad de los concursos de nombramiento y de ascensos de profesores. Sin rubor alguno, en las plazas del país los activistas magisteriales maoístas se enfrentaban a los deseos de los padres de familia: mejorar la educación de sus hijos. 

A los seguidores del Movadef no les interesa la calidad de la educación de la escuela pública ni el futuro de los niños más pobres. Pretenden usar el magisterio como herramienta de adoctrinamiento y continuar desarrollando su guerra ideológica contra el país y todo lo que significa peruanidad. 

El reconocimiento express en el Ministerio de Trabajo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenate) era uno de los objetivos centrales del Movadef. Ya lo han conseguido. Los padres de familia deberán estar atentos a este hecho. 

Hasta ahora no sabemos si los programas de capacitación y evaluaciones docentes continuarán. Y acaso por esa razón no existe información sobre el número de profesores en el país, ni sobre la cantidad de docentes nombrados y promovidos de acuerdo a los criterios meritocráticos.

Hasta el 2018, el número de profesores de la escuela pública era 400,244. De ellos solo el 57% (228,340 docentes) eran nombrados. Asimismo, el 43% (171,904 profesores) eran contratados. De otro lado, unas 38,000 vacantes de nombramientos previstos continúan congeladas. 

En 2017, año de la huelga de Castillo, un total de 338,243 profesores participaron entusiastamente de las evaluaciones del Minedu. La mayoría de los profesores se oponía a esa huelga. 

La Prueba Única Nacional (PUN) para acceder a los ascensos no es un examen extremadamente difícil. Se trata de un cuestionario de 60 preguntas en las áreas básicas de conocimiento. ¿Por qué un profesor encargado de enseñar en la escuela pública –es decir, a gran parte de los niños más pobres– no podría absolver una prueba básica? Nadie lo entiende. 

En cualquier política pública educativa siempre debe estar por delante el futuro de las nuevas generaciones, sobre todo cuando se habla de los sectores más pobres y excluidos. Si los docentes no pueden absolver una prueba básica de conocimiento, ¿cómo así se van a dedicar a enseñar a los niños? Es absolutamente inaceptable desde cualquier punto de vista.

Acabar con la carrera pública magisterial –que se implementó en los últimos tres gobiernos– significa condenar a los niños pobres a continuar en la pobreza. La sociedad y los padres de familia, entonces, deben reaccionar frente a las estrategias del Fenate en el magisterio nacional.