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Solo 13 de 142 universidades finalizan el proceso
El proceso de licenciamiento de las universidades peruanas, que se inició hace más de un año en la Superintendencia Nacional de Administración Universitaria (Sunedu), hoy se puede sostener, sin temor a equivocaciones, que es un fracaso total. De un total de 142 universidades públicas, asociativas y societarias, solo se han licenciado 13. Es decir, menos del 10% del total de claustros del sistema universitario peruano.
Pero no solo se trata de que pocas universidades hayan alcanzado su licencia, sino que los procedimientos y trámites establecidos por la Sunedu para implementar el proceso, en la práctica, han convertido a los burócratas en verdaderos dioses de la universidad, que usan de su poder discrecional a su regalado gusto.
Los ejemplos de la manera arbitraria como se licencian las universidades son varios. Por ejemplo, más allá de sus incuestionables méritos académicos, la Universidad Agraria de la Molina logró licenciarse pese a que el campus no se destinaba exclusivamente a las actividades académicas, tal como se establece en la ley Universitaria. De otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de Huanta alcanzó la licencia no obstante que no tiene alumnos. Sin embargo universidades como San Marcos, San Agustín de Arequipa y San Antonio Abad del Cusco no logran licenciarse. Así están las cosas.
Asimismo, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya consiguió su licenciamiento en tiempo récord, frente a otros claustros que hacen cola por mucho tiempo. En el Congreso se denunció que la celeridad de este licenciamiento se explicaría porque la esposa de uno de los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu es directora de escuela en la Ruiz de Montoya.
La explicación de esta situación es simple: se ha empoderado al burócrata en vez de empoderar a los consumidores (padres de familia y estudiantes) en la resolución de los temas académicos. El poder del burócrata se descontrola porque el procedimiento de licenciamiento no ha sido aprobado mediante decreto supremo ni se ha incorporado al TUPA de la Sunedu. En otras palabras, para el licenciamiento no se aplica el principio de legalidad. Es el reino de la selva, el reino del burócrata.
En el procedimiento de licenciamiento de las universidades tampoco se aplica el principio de predictibilidad administrativa. No hay información previa completa y confiable, y en ocasiones la Sunedu formula pedidos orales que no se ponen por escrito. En varias ocasiones la Sunedu ha cambiado las reglas de juego de acuerdo a la voluntad del burócrata.
En este contexto se conoce de casos en los que se establecen exigencias que desconocen las Condiciones Básicas de Calidad, en los que se modifican los criterios de evaluación, en los que se modifica la metodología para determinar el plazo de licencia y en los que se modifican las condiciones para presentar los plazos de verificación.
Igualmente en la mayoría de los procedimientos, la Sunedu no cumple con el plazo de 120 días para resolver los diferentes procesos, situación que no solo retrasa el licenciamiento sino que impide la acreditación ante el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Universitaria (SINEACE), porque la acreditación está supeditada al licenciamiento.
El fracaso del licenciamiento y el excesivo poder de la burocracia de la Sunedu, entonces, tiene una clara explicación: la falta de procedimientos y normas para licenciar se combina con una floresta de sobrerregulaciones y requisitos que tienen un solo objetivo: convertir al burócrata en el dios, en la última palabra, de la vida académica nacional. Una locura.
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