El proyecto comunista en la educación

El reconocimiento express de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenate), sindicato magisterial vinculado al Movimiento por la Amnistía de los Derechos Fundamentales (Movadef), y la clara decisión del Ejecutivo de cancelar la Ley de Carrera Pública Magisterial indican claramente que existe un proyecto político de instrumentalizar a la escuela pública para adoctrinar a las nuevas generaciones.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, durante su presentación ante el Congreso para obtener la confianza, respaldó abiertamente el Decreto Supremo Nº 014-2021-Minedu, Plan de Emergencia Educativa. La mencionada norma tiene varios objetivos, entre ellos la modificación de la Ley de Reforma Educativa (Ley Nº 29944), que establece la meritocracia como eje del nombramiento y la promoción de los docentes y “la descentralización de la educación”

¿Qué se busca con la modificación de la Ley Nº 29944? A nuestro entender se busca relativizar la meritocracia como eje del nombramiento y la promoción de los docentes y se apunta a crear el Servicio Profesional de Educación (Seproe) con el fin de establecer “la ruta alterna para el nombramiento”. ¿Qué significa este planteamiento? En realidad, el Ejecutivo está buscando establecer las condiciones para la estabilidad laboral absoluta de los docentes. 

Avanzar en ese camino significaría cancelar una política de Estado, que se ha venido aplicando en los últimos tres gobiernos, con el objeto de convertir al magisterio en una de las bases principales del proyecto colectivista de la administración Castillo. Y sobre todo, transformar al profesor de la escuela pública en un propagandista de las ideas comunistas en las nuevas generaciones de peruanos.

La idea de la descentralización de la educación también es peligrosa en este contexto, sobre todo si recordamos que en el Gobierno Regional de Junín se pretendió aplicar un currículo extremadamente ideologizado. La “descentralización educativa” puede convertirse en la apuesta por crear zonas y regiones con un currículo que cuestione todos los ideales republicanos. De allí la urgencia de permanecer vigilantes.

No se puede negar que es pertinente y urgente declarar en emergencia la educación. El premier, por ejemplo, recordó que según el Banco Mundial (BM) el nivel mínimo de rendimiento educativo caerá en 22% respecto a los resultados PISA 2012, debido a los efectos nocivos de la pandemia. Y según ha constatado el Ministerio de Educación (Minedu), la deserción escolar continuará. El año pasado 705,000 escolares abandonaron el colegio. Hacia el 2022 se prevé que 319,000 estudiantes harán lo mismo. Es una situación espantosa, que pone en peligro la estabilidad productiva por la ausencia de personas capacitadas.

Sin embargo, en vez de ratificar una acertada política de Estado como la meritocracia en el nombramiento y la promoción de los docentes, el Ejecutivo se propone una estrategia de control del magisterio y apuesta por instrumentalizar los currículos de las escuelas utilizando el argumento de la descentralización.

Todos los temas mencionados revisten una trascendencia de primer orden por la experiencia de la sociedad peruana durante los años sesenta, setenta y ochenta. En esas décadas el maoísmo logró controlar los “tercios estudiantiles” y algunas universidades nacionales. Finalmente, Sendero Luminoso no se explicaría sin la influencia maoísta de la Universidad de Huamanga. A partir del control de los claustros universitarios el maoísmo se expandió en el magisterio; y de pronto, un gran sector de docentes se convirtió en propagandista de la estrategia de lucha armada que planteaba Sendero Luminoso. 

Por todas estas consideraciones, más de un investigador social ha sostenido que la guerra terrorista que el senderismo desató contra el Perú fue una guerra de maestros y estudiantes. 

No debemos permitir que la historia se repita.