¡El Perú unido contra la huelga magisterial!

El lunes pasado el ministro de Educación, Daniel Alfaro, se reunió con Pedro Castillo y 29 dirigentes sindicales del llamado SUTE-Conare, que representa a los sindicatos regionales que actúan al margen del SUTEP oficial. Castillo llegó a la reunión con un pliego de reclamos imposible de asumir por el Estado, quizá con la consciencia de que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra suele ceder ante cualquier presión.

Las demandas planteadas por Castillo y el SUTE-Conare son de Ripley. Propusieron desactivar la Ley de Carrera Pública Magisterial (LCPM) y todos los criterios meritocráticos para la escuela pública que se impulsan desde el 2006, con la gestión de José Antonio Chang. Asimismo plantearon que se eleve el sueldo mínimo de un docente a una UIT, es decir por encima de los S/ 4,000 (hoy está en S/ 2,000). Se conoce que el titular de Educación se negó de plano a desactivar la LCPM y señaló que los maestros que son evaluados y promovidos con la mencionada norma pueden llegar a ganar más de S/ 5,000 cuando logran el sexto nivel en la carrera magisterial. El resultado del diálogo: Castillo y los dirigentes salieron diciendo “nos veremos en las calles”.

En otras palabras el radicalismo antisistema ya leyó la fragilidad y la debilidad de la administración Vizcarra y va por otra cabecera de playa. Es más, la huelga está programada para el 18 de junio, fecha que empatará con el llamado día de “la heroicidad” senderista, del 19 de junio, en que el maoísmo celebra los ataques terroristas en el Frontón y Lurigancho.

Luego de que el Gabinete Villanueva cediera de manera absurda e inexplicable ante las presiones de un grupo de transportistas, que exigió la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la revisión de los contratos de peaje, el Perú se ha acercado a un abismo: todos los sectores sociales conducidos por los antisistema radicalizarán sus demandas buscando que se desate el conflicto social. El objetivo: crear un desmadre social y político que desemboque en un adelanto de elecciones. El mejor escenario para que las fuerzas antimercado avancen y señalen que el modelo neoliberal extractivista es el causante de la crisis social y política. En este contexto, contener la estrategia del radicalismo magisterial es fundamental, de vida o muerte diría cualquier alarmista.

Unir a los peruanos, a la clase política prodemocracia y promercado, al Ejecutivo y el Legislativo, con objeto de enfrentar la huelga magisterial que se anuncia es vital para evitar una escalada social que desemboque en una crisis de gobernabilidad a la boliviana. Enfrentar la huelga magisterial, entonces, no solo tiene que ver con defender la meritocracia docente en la escuela pública —que busca elevar la calidad de la enseñanza para favorecer a los más pobres—, sino sobre todo con la defensa del proceso institucional hacia el 2021.

Si la unión de los peruanos en defensa de la meritocracia en la escuela pública derrota al extremismo magisterial, de una u otra manera el gobierno de Vizcarra tomará un nuevo aire con respecto a los problemas que desata la imagen de debilidad causada por la negociación con los transportistas, que ha terminado encarpetando la política tributaria (con la que este portal discrepó) y con la renuncia de David Tuesta. En otras palabras, un triunfo del Estado sobre el radicalismo magisterial puede modificar la figura de un Estado que retrocede ante cada protesta social, y también favorecer a la gobernabilidad.

El objetivo de unir a los peruanos debe movilizar al Ejecutivo, al Legislativo, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a los medios de comunicación con el fin de aplicar la Constitución y las leyes para enfrentar la violencia y los bloqueos de carreteras y plazas públicas que se anuncian para el 18 de junio. Los cálculos de los partidos de oposición en esta situación están demás, a menos que se participe de las estrategias antisistema. En todo caso, los políticos tienen la palabra.