Ejecutivo impone control de precios indirectos en educación

La administración Vizcarra ha hecho lo que parecía imposible en las últimas tres décadas: derribar un pilar básico del modelo económico que –hasta antes de la pandemia– nos había permitido triplicar el PBI, reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% y, sobre todo, generar los recursos con que ahora el Ejecutivo gasta (más del 12% del PBI en programas de crédito empresarial y ayudas sociales directas ante la feroz recesión que se avecina). Aunque parezca mentira, acicateado por los comunistas asolapados que pululan en el aparato estatal, el Ejecutivo ha impuesto el control de precios en el sector Educación. A partir de allí todo puede suceder: ahora es educación, mañana será alimentos, pasado serán medicinas, y así sucesivamente.

El argumento para violar la Constitución y hacer trizas uno de los pilares del modelo: ahora los colegios, universidades y claustros privados –debido a la pandemia del Codiv-19– deberán dictar clases digitales y no presenciales. Según los estatistas del Gobierno, la digitalización de la educación “genera muchos ahorros” que deben significar la rebaja de pensiones o la devolución de dinero a los padres de familia. ¿De dónde han sacado semejante idea? Los ahorros serán en agua, luz, gas, el mantenimiento de una parte de las infraestructuras. Sin embargo, la digitalización de las clases obligará a adquirir softwares, equipos y programas de capacitación. Si se trata de devolver dinero, ¿por qué el Estado no devuelve los impuestos asignados al sector Educación, si ahora los colegios públicos dictan clases virtuales que son verdaderos desastres?

De otro lado, los centros privados deberán mantener al personal docente y administrativo con los quince sueldos anuales que establece nuestra costosa legislación laboral. ¿Cómo entonces los claustros privados van a mantener el empleo?

El Ejecutivo acaba de publicar el Decreto Legislativo N° 1476, en el que se establece la obligación de los colegios, universidades e institutos privados de informar sus costos fijos y variables para establecer los servicios que se cobran y se dejarán de dictar por la urgente digitalización de la educación frente a la pandemia. Se establecen sistemas de fiscalización del Ministerio de Educación (Minedu) sobre la llamada “transparencia” (multas y sanciones), y se alienta a los usuarios a recurrir al Indecopi y a la judicialización cuando no haya acuerdos entre los padres de familia y el centro educativo privado.

En la práctica, como se aprecia, se ha establecido un control de precios indirectos porque, según este nuevo marco legal, las pensiones deben establecerse de común acuerdo entre usuarios y centros educativos. De lo contrario puede haber multas, sanciones, denuncias administrativas y judiciales. Los comunistas del Ejecutivo han olvidado que un tercio de la matrícula en la educación básica y dos tercios de la superior corresponden al sector privado.

Imaginemos cómo funcionaría la nueva legislación colectivista del Ejecutivo en la educación en tiempos de recesión. Gracias a una movilización de populistas en el Gobierno y el Congreso se lograría una reducción del 20% de las pensiones, por ejemplo. Los padres de familia que pueden pagar las pensiones de manera normal dejarían de pagar lo previsto por la reducción indiscriminada, mientras que las familias golpeadas por la recesión y la pérdida de empleo, que deberían pagar el 80%, no lo harían. 

En este contexto, los ingresos de los centros privados se reducirían en 30% o 50% aproximadamente. El resultado: en estas condiciones sería imposible que los centros privados otorguen créditos, rebajas y becas de acuerdo a la situación económica de los padres de familia. Pero no solo se trata de eso, sino que además una gran cantidad de claustros privados tendrían que cerrar, porque la suma de recesión, control de precios y fomento de la judicialización entre usuarios y ofertantes generaría quiebras descomunales. ¿El Ejecutivo tiene idea de cuánto empleo se perdería? Seguro que no la tiene. Nuestros burócratas creen que sus abultados sueldos salen de la ideología y no de los impuestos que pagan los privados.

La administración Vizcarra, pues, ha comenzado a desmontar el modelo económico pilar por pilar, ladrillo por la ladrillo.