Educación: ¡El debate debe continuar!

El estatismo en el banquillo de los acusados

Luego de la censura del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, un manto de silencio parece haberse extendido sobre el tema educativo. Antes de volver sobre el asunto vale señalar que hubo diversos ángulos en los cuestionamientos a la pasada gestión Saavedra, pero en este portal nos concentramos en la crítica ideológica al sesgo estatista de las políticas del sector.

¿Por qué sostuvimos que las políticas del Ministerio de Educación tenían un sesgo estatista? Porque en una propuesta de reglamento para los colegios privados, en el reglamento de infracciones de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria y en las declaraciones del propio Saavedra, de una u otra manera, el sector privado era el responsable de todos los males educativos del Perú. El fracaso republicano de dos siglos del Estado en organizar una educación moderna no importaba.

El ex ministro, incluso, llegó a publicar algunos artículos en los que sostenía que el camino del Perú pasaba por imitar la relación gasto social/PBI de los llamados estados de bienestar europeo (que sobrepasa el 50%), sin considerar que ese modelo económico y social hoy naufraga de manera estrepitosa. Sin considerar, además, los esfuerzos de los estados europeos para diversificar la oferta estatal en educación, salud y pensiones, promoviendo la participación del sector privado como una manera de enfrentar los huecos fiscales —entre 7% y 10%— que deja el abultado gasto social.

Por momentos los defensores de la reforma Saavedra —funcionarios y periodistas— parecían sostener que el camino era abolir la participación del sector privado. ¡Una verdadera locura! La explicación del despropósito es simple: el futuro del Perú debería pertenecer al desarrollo, y ese desarrollo desata una paradoja en la que aumenta la longevidad (los jubilados) y disminuyen los trabajadores activos (algo que ha sucedido en las sociedades europeas). Es decir, en el futuro inevitablemente aumentarán las cargas sociales del Estado en salud y pensiones, mientras disminuyen los trabajadores activos que aportan al fisco.

En ese contexto, los recursos fiscales serán cada vez más escasos y el Estado deberá concentrar sus esfuerzos en los sectores más pobres de la sociedad para cumplir su papel de redistribuidor. En educación eso significa que el Estado debería fijar un monto de gastos promedio anual por alumno y concentrar los escasos recursos fiscales en los sectores menos favorecidos; mientras se establece un subsidio gradual de acuerdo a los ingresos, hasta llegar a los sectores altos de la sociedad.

Una política de este tipo permitiría que el niño de extrema pobreza de Huanta reciba una educación que compita con el mejor colegio de la capital, porque no solo tendría los mejores maestros y una excelente infraestructura, sino que recibiría una alimentación complementaria, porque el Estado focalizaría el gasto en los pobres. Semejante política no puede siquiera imaginarse sin la participación del sector privado.

A nivel nacional dos tercios de la matrícula escolar son atendidos por la escuela pública y un tercio por la privada. En Lima la relación es de 50%; es decir, cada sector atiende a la mitad de los alumnos. El sector público y el privado en conjunto gastan el 6% del PBI en educación. Semejante base debería representar el punto de partida para instaurar la meritocracia en las escuelas a través de sistemas de acreditaciones con participación de la sociedad en general.

En otras palabras, lo que estamos sosteniendo es que considerar al Estado como el gran actor de la reforma del futuro es un yerro descomunal. No solo porque el desarrollo transformará los conceptos de gasto social y de redistribución social, sino porque la IV Revolución Industrial, que sacude el planeta, nos indica que la innovación proviene fundamentalmente del sector privado.