Cuando la educación es el escenario de la guerra ideológica

A estas alturas es incuestionable que el presidente Castillo ha decidido eliminar la carrera pública magisterial, más allá de cualquier eufemismo. La propia presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha señalado que las evaluaciones de los docentes en provincias, en las áreas rurales, deben ser diferentes a las de la capital. En otras palabras, con diferentes tonos y discursos, y todos los sectores del Gobierno están decididos a eliminar la carrera pública magisterial.

En otras palabras, el Ejecutivo ha decidido priorizar el nombramiento indiscriminado y la estabilidad de los docentes, al margen de las calificaciones de los maestros y el derecho de los niños –especialmente de los más pobres– a recibir una educación de calidad. Es decir, vale más el pliego de reclamos de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana (Fenatep) que el irrenunciable derecho de las familias más pobres a que sus hijos reciban una educación de calidad. La Ley de Carrera Pública Magisterial (Ley N° 29994) entonces está en peligro.

¿Cuál es la relación de la meritocracia con la calidad de la educación? Según Guillermo Molinari, ex viceministro de Educación, el Perú solía ubicarse en el último o penúltimo lugar de las pruebas Pisa. Nuestro país era uno de los ejemplos mundiales de mala educación. Sin embargo, entre los años 2002 y 2011, cuando se iniciaron el proyecto Educativo Nacional y los programas de capacitación docentes, el país avanzó 56 puntos, más que cualquier otro participante en los exámenes Pisa. En términos concretos nuestra educación avanzó dos grados, a tal punto que la OCDE reconoció el avance nacional.

No obstante, a partir del 2012 se abandonaron los programas de capacitación y nuevamente el avance de la calidad educativa se detuvo. En este contexto, en el país hay más de 422,000 docentes, de los cuales 260,000 pertenecen y forman parte de la carrera pública magisterial. El resto es contratado.

Cuando el ministro de Educación, Carlos Gallardo, anuncia que la meritocracia no va más, no solo detiene un proceso que ha costado más de una década, sino que lo destruye. ¿Cómo van a reaccionar los 260,000 maestros de la carrera pública magisterial frente al nombramiento indiscriminado de los docentes?

Con este hecho queda en evidencia que el Gobierno ha decidido convertir al magisterio en una herramienta política, antes que priorizar el futuro de los niños pobres, quienes se forman en la escuela pública.

Pero eso no es todo con respecto a los despropósitos en la educación. El Ministerio de Educación parece haber optado por marginar al sector privado de cualquier proyecto de cambio y reforma del sistema educativo. Si consideramos que un tercio de la matrícula es atendida por los colegios privados, y si recordamos que en la última prueba Pisa la escuela privada alcanzó los puntajes más altos en rendimiento en toda América Latina, ¿cómo así el titular de Educación califica de “mercaderes del templo” a los centros educativos privados?

Todos los nombramientos de funcionarios en el sector Educación apuntan a empoderar al Fenatep en la conducción del magisterio nacional. Y para todos es sabido que este sindicato magisterial tiene vínculos con el Movadef, un movimiento político de orientación maoísta.

La educación siempre fue un escenario de guerra ideológica para las corrientes comunistas. Desde los años sesenta hasta los noventa el magisterio nacional fue controlado por diversas corrientes maoístas, y sabemos el terror que se desató en los ochenta. Un terror que los especialistas calificaron como una guerra de maestros y estudiantes.

No permitamos que ese yerro histórico se vuelva a repetir.