Desde las reformas económicas de los noventa, la Consti...
Un evento sin precedentes en la historia de la educación superior peruana fue la reunión entre la Asociación de Universidades Públicas (ANUP) y la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), con el objeto de analizar y proponer diversas alternativas con respecto al sistema de evaluación y acreditación de la calidad educativa.
La mesa de coordinación académica se desarrolló en la Casona Universitaria de San Marcos, y Luis Lescano, Gerente de Fipes, se encargó de la relatoría. Es evidente que el mencionado evento de universidades busca gestar un bloque de calidad de universidades públicas, asociativas y privadas que proponga alternativas para la acreditación de la calidad universitaria.
Al respecto, es necesario distinguir entre licenciamiento y acreditación de la calidad. En los mejores sistemas universitarios del planeta –ya sea en el de Estados Unidos o los de Europa–, generalmente el licenciamiento se otorga una sola vez. Es decir, el Estado evalúa las condiciones básicas del funcionamiento de un claustro y otorga el respectivo licenciamiento.
Sin embargo, el proceso de acreditación es un sistema de permanente evaluación y perfeccionamiento de las unidades académicas, y suele estar a cargo de organismos privados y de la sociedad independientes del Estado. Diversos trascendidos señalan que el espíritu de la mesa de coordinación entre universidades públicas y privadas es proponer lineamientos para el desarrollo de un sistema de acreditación que reedite los argumentos de los mejores sistemas universitario. En cualquier caso, es necesario esperar la evolución de los acuerdos.
De otro lado, la referida mesa de claustros universitarios busca crear un espacio en el que también se coordinen las diversas posiciones de las universidades con respecto a ciertas arbitrariedades del Estado. Por ejemplo, ya se conoce de las quejas con respecto al licenciamiento de las universidades que desarrolla la Superintendencia de Educación Superior (Sunedu). El motivo: no se respetó el principio de legalidad. No existía el TUPA respectivo sobre los procedimientos administrativos. En este contexto, la referida mesa de universidades busca crear una voz coordinada del sistema universitario peruano.
Igualmente, hoy existe cierto malestar con respecto a un reciente decreto de urgencia que establece el silencio administrativo negativo en el sector Educación. ¿A qué nos referimos? Cuando una dependencia administrativa del Estado guarda silencio frente una solicitud se debe entender como una negativa ante el petitorio. El malestar en las universidades proviene porque la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento del Silencio Administrativo, excluye expresamente al sector Educación del llamado “silencio administrativo negativo”. El motivo: el silencio administrativo negativo se aplica excepcionalmente, porque la idea del silencio administrativo siempre es otorgar una respuesta positiva. Es decir, el silencio se entiende como aceptación de la solicitud planteada.
Algo más. En el sector Educación se acaban de extender los plazos para una serie de trámites (creación de colegios y nuevos programas universitarios), de 90 a 120 días, porque el propio Estado está reconociendo su incapacidad de hacer las cosas con mayor celeridad. Sin embargo, en medio de esta realidad se pretende aplicar el silencio administrativo negativo. Un verdadero contrasentido.
Más allá de estos temas coyunturales que acabamos de reseñar es evidente que la mesa de coordinación entre universidades públicas y privadas es la primera expresión autónoma y plural del sistema universitario desde la promulgación de la nueva Ley Universitaria, que creó la Sunedu y estableció las nuevas condiciones del licenciamiento de los claustros. Una iniciativa, pues, que merece ser respaldada.
COMENTARIOS