¿Comisiones del Congreso pretenden estatizar escuelas privadas?

Esta semana la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso y la Comisión de Defensa del Consumidor, discutirán sendos proyectos de dictamen que reúnen diversas iniciativas sobre el sistema de educación privada. Los dos dictámenes demostrarán si los congresistas han decidido respetar los preceptos establecidos en la Constitución, o si –por el contrario– se han allanado a las propuestas populistas que buscan el aplauso electoral de la semana.

Los mencionados dictámenes establecen la obligación de los institutos de educación superior de exonerar el pago de matrícula, y la reducción del 20% del valor de las pensiones de los centros educativos privados (básica y superior). De esta manera, los dictámenes se zurran en la Constitución y las leyes de la República, estableciendo un control de precios indirectos y violando el respeto que el Estado debe guardar frente a los contratos entre privados (centros educativos y usuarios).

Ante esta situación, el Instituto Peruano de Derecho Educativo (IPDE) acaba de pronunciarse señalando que “la obligación de garantizar la continuidad del servicio educativo no corresponde a las instituciones educativas, sino al Estado –tal como lo establecen los señalados dictámenes– según los artículos 16 y 17 de la Constitución”. Igualmente, el IPDE sostiene “que acceder a la información financiera de la institución educativa contraviene lo dispuesto en el artículo 2, inciso 10, de la Constitución, que consagra el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, lo que incluye los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos. Asimismo, en el IPDE se afirma “que divulgar las planillas de los trabajadores atenta contra sus derechos a la inviolabilidad de sus documentos privados y vulnera la Ley de Protección de Datos Personales”, y que “a las instituciones educativas no les corresponde convocar a elecciones para la constitución o renovación de las APAFAS”, entre otros aspectos.

Sí, amigo lector, estos son los proyectos de dictamen de un grupo de congresistas. No se trata de documentos de un estado chavista que ha estatizado la educación, ha establecido el control de precios y se ha barrido de un solo plumazo el derecho a la libre empresa, todos consagrados en nuestra Carta Política. Al respecto, el IPDE también señala que los proyectos de dictamen “desnaturaliza la actividad de las instituciones privadas, al otorgar a las asociaciones de padres de familia el derecho a aprobar los instrumentos de gestión educativa”. ¿Qué ha sucedido? ¿En qué momento se estatizaron los colegios privados? Asimismo, el IPDE señala que los proyectos tienen una falta de coherencia general, porque todas las entidades vinculadas al quehacer educativo se pronunciaron en contra; sin embargo, los documentos aprueban todos esos criterios estatistas contra la Carta Política.

Como se aprecia con absoluta claridad, todos los argumentos planteados por los actores del sistema educativo privado revelan que, de aprobarse los mencionados dictámenes, estaríamos ante una abierta estatización del sector privado de la educación, mediante una flagrante violación de la Carta Política. Establecer control de precios directos o indirectos, violar la libertad de empresa y otros principios constitucionales, como la reserva tributaria, simplemente generará una cadena de quiebras en las instituciones privadas de la educación.

Tal como lo hemos informado en un editorial, la grave recesión, que destruirá más del 15% del PBI, explica una morosidad entre 50% y 60% en los colegios de educación básica, universidades e institutos. Ante esta situación, los centros privados han desarrollado programas de becas, reprogramación de pagos (sin moras) y otros beneficios para las familias golpeadas por la crisis. De otro lado, el nuevo Gabinete Cateriano acaba de lanzar un programa de créditos educativos para asistir a los padres que han perdido trabajos e ingresos.

Si se rebajan las pensiones, los centros privados no dejarán de percibir 50% o 60% de sus ingresos, sino mucho más. ¿Acaso saben los congresistas que el sector privado absorbe un tercio de la matrícula en la educación básica y dos tercios en la educación superior? Si los centros privados quiebran, ¿el Estado estará en condiciones de absorber los millones de estudiantes que perderán sus centros de estudio? ¡Basta de irresponsabilidad populista!