¡Ofensiva estatista contra la educación privada!

Lo hemos repetido más de una vez: el avance de la pandemia Covid-19 y la profundización de la recesión desatará la guerra ideológica más intensa de los últimos años. Y los populistas y demagogos se multiplicarán como hongos bajo la lluvia. Un proyecto de ley, en nombre de “la transparencia”, busca barrer con los centros educativos privados para que informen sus costos fijos y variables porque, según los autores del proyecto, la educación digital a la que obliga la pandemia significará costos mucho menores para los centros privados. En otras palabras, la idea es “acabar con el lucro" consigna que agitan los comunistas en el país para establecer el control de precios a través de “la regulación de las pensiones”. 

Pero no solo trata de proyectos de ley. La estrategia comunista también copia el modelo chileno de la agitación estudiantil para intentar incendiar las calles: el 24 de abril pasado se llamó a un paro estudiantil mediante la abstención en las clases virtuales de los colegios Pamer, Saco Oliveros, Trilce, Innova School, entre otros. Es decir, se llamó a una huelga en los mejores colegios de los sectores emergentes, que compiten en calidad e innovación con los centros más caros y exclusivos del país. ¿Qué se dice en el Ministerio de Educación con respecto a estas iniciativas? ¿Ya hubo pronunciamiento en contra? Todavía no se oye, padre.

Hoy la campaña contra el sector privado tiene que ver con las pensiones. Es evidente que hay sectores de las clases medias que están más que golpeados y sin trabajo. Los colectivistas y comunistas lo saben y pretenden dinamitar el modelo económico utilizando una situación coyuntural.

Con respecto a la reducción de las pensiones, en un reciente artículo el reconocido educador León Trahtemberg desarrolló el siguiente ejercicio: suponiendo que se descuenta las mensualidades en un 20%, los padres sin mayores problemas económicos pagarán menos de lo previsto. Sin embargo, los progenitores que se quedaron sin trabajo no podrán siquiera pagar ese 80% establecido. El profesor Trahtemberg señala que una reducción generalizada de pensiones significará en términos reales 30% o 50% menos ingresos para el colegio, una situación que obligaría a la administración a bajar el sueldo de los profesores, despedir docentes o, en caso extremo, cerrar el centro educativo. En ese contexto, el colegio no estará en condiciones de otorgar préstamos, descuentos, becas u otras alternativas a los padres en graves problemas económicos. 

De otro lado es necesario precisar que el pago de la matrícula que realizan los padres de familia en marzo no corresponde al pago de los servicios educativos del mencionado mes, sino a los costos anuales del centro educativo: 15 sueldos para el personal, beneficios sociales correspondientes, administración y otros servicios imprescindibles. En realidad, los padres de familia abonan 10 mensualidades de enseñanza directa y una (marzo) que busca cubrir los costos anuales de los colegios.

Ahora bien, con la necesidad de migrar a la educación a distancia, ¿cuáles son los rubros en que ahorrarán los centros educativos privados? Si deben seguir pagando a los maestros y al personal administrativo –sin el cual no funciona el colegio– es evidente que el ahorro estará en luz, agua, gas, materiales educativos y parte del mantenimiento de las infraestructuras. En otras palabras, ahorros debajo del 8%. ¿Cómo entonces entender la campaña contra los centros privados? De otro lado, la educación a distancia obligará a los centros privados -como sucede con los públicos– a equiparse con sistemas informáticos y softwares que incrementarán significativamente los costos.

En un reciente comunicado, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) ha alertado que el año lectivo de más de 650,000 estudiantes que pertenecen a universidades e institutos privados está en peligro como consecuencia de la pandemia y la recesión. En ese contexto, Fipes propone modificar las regulaciones de la Ley Universitaria para fomentar la educación digital, ampliar los recursos de Beca 18 para favorecer a los sectores más afectados por la crisis, otorgar préstamos educativos para las familias en problemas educativos y coordinar con los operadores de telecomunicaciones para crear tarifas de internet educativas, entre otras medidas.

La campaña estatista y colectivista contra la inversión privada en el sector educativo olvida que un tercio de la matrícula en la educación básica y dos tercios en la superior corresponden a claustros privados. Golpear al sector privado en la educación es poner en peligro el año lectivo de miles de estudiantes e ignorar que el Estado tiene en este sector a su principal aliado para enfrentar la crisis general de la educación.