Urgente: ¡derogar acuerdo Villanueva-Transportistas!

Una de las razones por las que César Villanueva, ex presidente del Consejo de Ministros, renunció al cargo —además del evidente descenso de la popularidad presidencial— fue el acuerdo al que arribó con los transportistas para suspender una huelga que bloqueaba el libre tránsito en las carreteras del Perú. En el señalado entendimiento, el Ejecutivo aceptaba rebajar el precio del diésel en S/ 0.59 por galón —alrededor de US$ 7.00 por barril—, la revisión de los peajes establecidos en contratos entre el Estado y los privados —que la Constitución protege expresamente— y la decisión gubernamental de promover una ley para devolver el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los transportistas.

Los acuerdos violaban de tal manera la Constitución y los pilares del modelo económico que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, renunció. Felizmente para el Perú se impuso la cordura y ganó la posición del MEF. Allí estamos. Sin embargo, los acuerdos Villanueva- Transportistas, deben ser derogados por el Gabinete Del Solar. A menos que todo haya cambiado para que nada cambie.

¿Por qué derogar esos acuerdos es una urgencia nacional? La Constitución garantiza el libre tránsito en el Perú. Los mencionados acuerdos implícitamente nos señalan que este derecho constitucional depende la voluntad de los transportistas. Imposible.

De otro lado, aceptar revisar los contratos de peajes entre el Estado y los privados —que según la Carta Política, ni siquiera pueden ser modificados por leyes del Congreso— envía una terrible señal para las inversiones en infraestructuras: el Ejecutivo de Vizcarra parece decir que, sobre las posibles asociaciones público-privadas, pende una espada de Damocles. ¿Qué plan de inversiones en infraestructuras pueden prosperar en este contexto? ¿O acaso en el Ejecutivo solo se piensa en el regreso de la obra pública y el Estado constructor, como alguna vez lo insinuó el ministro de Transportes, Edmer Trujillo?

Lo que sí sorprende en extremo con respecto a los acuerdos es la facilidad con que Villanueva y Edmer Trujillo, los principales negociadores del entendimiento con los transportistas, aceptaron la posibilidad de establecer precios y tributos especiales. Una clara demostración del nivel de desconocimiento —o quizá la vocación anticapitalista colectivista— de algunos políticos que han prosperado a la sombra de la polaridad fujimorismo versus antifujimorismo.

Desde hace 25 años atrás, el Estado no establece precios ni regímenes tributarios para determinado sector. Un galón de diésel a menos US$ 7.00 que el resto del mercado es abrir un forado sin retorno al sistema de precios que protege la Constitución y el modelo económico para ciudadanos y empresas. Mañana serán los taxistas organizados de la región norte, luego los del sur, y así sucesivamente hasta crear un Frankenstein económico, el paso previo al regreso colectivista.

En cuanto a los impuestos la cosa es terrible. La reforma tributaria a inicios de los noventa estableció cuatro impuestos: Renta, IGV, Selectivo al Consumo y Aranceles. Villanueva, al promover la devolución del ISC, retorna al sistema tributario antes de la reforma, en el que existían cerca de 40 impuestos. En el Estado populista, en el Estado-empresario de los ochenta, todos los sectores con capacidad de presión tenían su propio impuesto, ajustado a las medidas de los intereses mercantilistas. El resultado: el Estado quebró (con -US$ 100 millones en reservas), el déficit se disparó y la hiperinflación convirtió al Perú en el precursor de la tragedia venezolana de hoy.

Por todas estas razones, señor Salvador del Solar, flamante presidente del Consejo de Ministros (PCM), usted tiene una responsabilidad urgente: derogar el acuerdo Villanueva-Transportistas que pone en peligro los activos económicos y sociales del último cuarto de siglo.