Tía María, en la hora crucial

En un acto incomprensible, la dirigencia de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) expulsó de sus filas a Juan Valencia, secretario general del Sindicato de Construcción Civil de la provincia de Islay. El motivo: solicitó al presidente Martín Vizcarra y al ministro del sector Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el inicio de las operaciones del proyecto Tía María. Valencia fue acusado de traidor por los dirigentes extremistas por haber aceptado que la inversión minera es una herramienta real para reducir pobreza y expandir el bienestar.

No es la primera vez que las dirigencias antimineras —camufladas en distintos gremios populares y vinculadas a la izquierda antidesarrollo— acallan las voces discrepantes en sus organizaciones. Lo hacen constantemente en la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, agrediendo a los agricultores que se manifiestan a favor del proyecto Tía María. La estrategia antiperuana intenta desarrollar un solo relato, una sola versión de los acontecimientos. Distorsiona la realidad e inventa situaciones para confundir a la población.

Los señalados dirigentes de la FDTA convocaron el miércoles pasado a una manifestación en la provincia de Islay en contra del proyecto Tía María. Como suelen actuar los piquetes de antimineros en el Corredor Minero del Sur del Perú, ejercieron diversas formas de coerción para obligar a los pobladores a sumarse a las protestas. Sin embargo todo fue un fracaso. Apenas lograron convocar a poco más de 300 personas.

El ex consejero regional de Islay, Mauricio Chang reconoció, semanas atrás, que si bien todavía existe desconfianza de los agricultores y ciudadanos frente al proyecto minero, es incuestionable que hoy existe un claro respaldo social a favor de Tía María. Una de las razones del apoyo a la inversión minera tiene que ver con el descrédito del radicalismo antiminero. Una encuesta de Ipsos, realizada en octubre pasado, señala que el 59% de la población sí está de acuerdo con la inversión minera. Como señala el dirigente Juan Valencia, los trabajadores de construcción civil tienen capacitación laboral y pueden acceder a los 3,600 puestos de trabajo que la minera Southern ofrecerá cuando se inicie la etapa de construcción de la mina.

El dirigente señala además que el proyecto creará más 32,000 puestos de trabajo indirectos, número que representa el triple de la población del distrito de Cocachacra y más de la mitad de la población de la provincia de Islay. El dirigente Valencia asevera que el inicio de la construcción de la mina posibilitará que los jóvenes encuentren oportunidades en el valle del Tambo y, por lo tanto, dejarán de migrar a Arequipa y Lima. Agrega que la inversión minera reducirá notablemente la desocupación en Islay y, sobre todo, en Cocachacra.

Sin embargo, para las ONG del ambientalismo extremista no hay argumentos válidos a favor de Tía María. Desde sus cómodas oficinas en Lima, y con enormes presupuestos para detener las inversiones, los funcionarios de estos organismos manejan los hilos de la protesta antiminera nacional. No les interesa la pobreza de los pobladores provincianos. Y si un sindicalista aboga por ella, es expulsado de su gremio.

Tía María es un proyecto emblemático, demonizado por la izquierda radical. El Estado no ha organizado el Comité de Gestión e Información Minero Energético prometido para informar adecuadamente a los pobladores sobre las ventajas sociales y económicas de una inversión de esta magnitud: US$1,400 millones para producir anualmente 120,000 toneladas métricas de cátodos de cobre. Una inversión que significa más empleo, divisas, canon, renta, regalías y aportes voluntarios a las comunidades para mejorar la educación, salud y relanzar las economías locales.