Se amplía el Reinfo y la crisis continúa

El Congreso aprobó ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses, hasta el 30 de junio del 2025. Luego de esa fecha se podrá prorrogar por seis meses mediante un decreto supremo, pero la entidad encargada de culminar la formalización minera será el sector Energía y Minas. Considerando que lo más probable es que no se apruebe una ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) el 2025, porque estaremos en medio de las campañas electorales –a menos que se desborde la demagogia–, es evidente que el Congreso y los actores de este proceso pueden haber pateado el problema, como se dice, para las calendas griegas.

Uno de los principales problemas de la ampliación de los plazos del Reinfo es que el Legislativo ha evitado definir en dónde está la minería ilegal y en dónde la minería informal. Es decir, ha evitado trazar una línea para aclarar las posibilidades, los límites y el fracaso de la formalización. Todos sabemos que la minería ilegal se define como la actividad ilegal que se desarrolla dentro de las concesiones formales otorgadas a las empresas modernas, que preservan el medio ambiente, pagan impuestos y generan empleo formal. Igualmente, la minería ilegal también se desarrolla en los parques y zonas reservadas.

La falta de una línea demarcatoria entre la minería ilegal y la informal otorga una zona gris, indefinida, a algunos de los inscritos en el Reinfo, que les permite desarrollar actividades de minería ilegal: están exonerados de responsabilidades penales. Eso no debió continuar y el Congreso no se atrevió.

Otro de los hechos que merece subrayarse en esta problemática es que la gran minería y mediana minería pueden convertirse en los principales actores para trazar esa línea demarcatoria por la sencilla razón de que estas unidades empresariales son las principales afectadas por las invasiones de los mineros ilegales. Sin embargo, la gran minería y la mediana minería no han liderado una propuesta de formalización minera. Un grave problema porque si el asunto queda en manos del Estado y los políticos en campaña electoral, entonces la demagogia y el populismo pueden extenderse.

Planteadas las cosas así, vale subrayar un tema esencial que debe incorporarse en el debate. La única manera que tienen las sociedades en el siglo XXI de desarrollar una minería moderna que respete el medio ambiente con los más altos estándares ambientales del mundo, que genere riqueza a través del pago de impuestos y que cree empleo formal y desate cadenas productivas, es con la gran minería, la que puede convocar intensidad en capital y tecnologías. Lo mismo vale para la mediana minería. 

Las pequeñas unidades mineras, de una u otra manera, son subsidiarias de la gran y mediana inversión. Así ha sucedido en todos los países desarrollados; incluso en el Lejano Oeste de los Estados Unidos, en donde la explosión de millones de pequeños mineros amenazó la legalidad y el Estado de derecho, tal como sucede hoy en el Perú.

Imaginemos que la concesión en Las Bambas o en Antamina fuese conducida por miles de pequeños mineros. ¿Existiría el suficiente capital para desarrollar alta productividad en la explotación del mineral? ¿Se emplearían los más altos estándares ambientales para preservar el medio ambiente de las comunidades y poblaciones? ¿El Estado estaría en condiciones de recaudar el impuesto a la renta y las regalías para las regiones, tal como sucede en la actualidad? ¿Se crearían miles de empleos formales y cadenas productivas vinculadas al sector? Las respuestas son negativas.

En cualquier caso, hoy a los políticos les interesa el voto, el resultado de las elecciones del 2026. En ese contexto parece difícil discutir una nueva Ley MAPE que recoja lo mejor de la experiencia peruana y mundial en minería moderna.