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El Perú enfrenta una crisis en el acceso a las telecomunicaciones. Mientras que en las ciudades la conectividad es un hecho cotidiano, en las zonas rurales y más alejadas del país, la falta de acceso a Internet y servicios digitales perpetúa el aislamiento y la pobreza. En la actualidad, más de 20,000 centros poblados peruanos carecen de conexión alguna, lo que significa que millones de ciudadanos viven al margen de la era digital. La solución a este problema podría estar en la adquisición de un satélite de telecomunicaciones propio, una decisión estratégica que no solo optimizaría el gasto público, sino que también transformaría la vida de miles de peruanos.
Cada año, el Estado peruano desembolsa millones de dólares en la contratación de servicios satelitales privados. En 2020, el gasto ascendía a US$ 21.7 millones, cifra que aumentó a US$ 34.95 millones en 2021 y alcanzó los US$ 54.17 millones en 2023. Sin embargo, esta contratación se realiza de manera fragmentada entre diferentes entidades estatales, lo que impide aprovechar economías de escala y obtener mejores tarifas. El resultado es que el Perú paga algunas de las tarifas más altas del mundo por conectividad satelital.
En lugar de seguir gastando en servicios privados, el Perú podría invertir en un satélite de telecomunicaciones propio. Se estima que un satélite con tecnología avanzada de alta capacidad (HTS) podría costar entre US$ 100 millones y US$ 300 millones, una inversión que podría ser cubierta en solo tres o cuatro años con el gasto que actualmente realiza el Estado en contrataciones privadas.
El impacto de un satélite de telecomunicaciones sería inmediato y profundo. Primero, garantizaría el acceso a Internet en las comunidades rurales y alejadas, permitiendo a esos más de 20,000 poblados acceder a educación en línea, telemedicina y oportunidades económicas. Segundo, beneficiaría a sectores estratégicos como la defensa nacional, la gestión de emergencias y desastres naturales, y la investigación científica. En un país donde los fenómenos naturales afectan frecuentemente la infraestructura de comunicación terrestre, contar con un satélite propio permitiría mantener la conectividad en tiempos de crisis.
Otro aspecto crucial es la posibilidad de digitalizar el Estado peruano. Actualmente, solo 45 de las más de 2,000 entidades estatales contratan servicios satelitales. Con un satélite propio, se podría unificar las telecomunicaciones del sector público, mejorar la eficiencia de los servicios gubernamentales y reducir la corrupción mediante la transparencia en las compras y contrataciones estatales.
El debate sobre la adquisición de un satélite de telecomunicaciones no es nuevo. Desde 2009, se han presentado cinco proyectos de ley en el Congreso para declarar su compra como una necesidad pública y de interés nacional. Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha prosperado. La falta de voluntad política y la burocracia han impedido que el Perú avance en una decisión que podría cambiar el futuro del país.
Mientras tanto, países vecinos como Brasil y Argentina han tomado la delantera, asegurando su independencia tecnológica y reduciendo sus costos de telecomunicaciones. Brasil, por ejemplo, compró un satélite full digital a Francia en la primera década del nuevo milenio, y Argentina ha desarrollado sus propios satélites con tarifas de conectividad significativamente más bajas que las peruanas.
El costo de no actuar es alto. Sin acceso a la conectividad, las comunidades rurales seguirán atrapadas en un círculo de pobreza intergeneracional. Un satélite de telecomunicaciones podría cambiar esta realidad y permitir que millones de peruanos formen parte de la revolución digital. La conectividad no es un lujo, es un derecho, y el Perú debe garantizarlo con una decisión visionaria que marque la diferencia en su futuro.
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