Resolver crisis de la seguridad social

El Perú debe contar con una política de Estado independiente de los gobiernos de turno y las coyunturas para resolver la grave crisis que atraviesa el Sistema de la Seguridad Social (Essalud). Una entidad que atiende a 11 millones de personas –es decir, alrededor del 36% de la población– y en donde se atienden todos los casos de alta complejidad; por ejemplo, trasplantes de corazón y riñón. A nadie se le ocurriría considerar a alguna clínica privada para este tipo de intervenciones.

En el llamado Libro Blanco, elaborado por las nuevas autoridades de Essalud, se establece que el déficit acumulado en infraestructuras sobrepasa los S/ 32,000 millones, y en la entidad faltan más de 5,000 médicos y 9,000 enfermeras. En este contexto, es evidente que cualquier reingeniería institucional para evitar las interminables colas y cuellos de botellas en las atenciones siempre tendrá límites.

De otro lado, en el “Estudio financiero actuarial”, presentado por la administración de la Seguridad Social, se lanza una advertencia dramática: en el 2020 los gastos superarán largamente a los ingresos, mientras se mantiene una deuda acumulada de S/ 4,200 millones –por diversas razones– de parte del sector público y privado. Si el Estado y las élites no abordan la crisis del sistema de seguridad, tarde o temprano, se acumulará una crisis institucional y social que golpeará al Ejecutivo, al Congreso y las élites políticas.

En este contexto, el Ejecutivo ha promulgado un decreto de urgencia que crea el Régimen de Sinceramiento de la deuda tributaria por concepto de aportaciones al Seguro Social de Salud (RESICSSS) para refinanciar la deuda de las entidades públicas. El mencionado sistema está dirigido, sobre todo, a los gobiernos regionales y locales. En el mismo decreto también se crea el Régimen de Facilidades de Pago de la deuda tributaria por concepto de aportaciones al Seguro Social de Salud (REFACSSS) para refinanciar la deuda tributaria de las micro y pequeñas empresas del sector privado.

Vale destacar que la deuda acumulada de las entidades privadas y públicas a Essalud representa la tercera parte del presupuesto de Essalud de este año, en un contexto en que los gastos comienzan a superar los ingresos de la seguridad social. Entre los S/ 4,200 millones adeudados a Essalud existe deuda tributaria y no tributaria. De esas obligaciones, el 67% corresponde al sector privado. 

También vale destacar otro decreto de urgencia que apunta a cerrar el déficit del sistema de la seguridad social que establece que los trabajadores del Estado contratados bajo el régimen de Contratos Administrativos de Servicio (CAS) ya no aportaran a Essalud sobre la base del 30% de una UIT. A partir de este año la base imponible será el 45% de una UIT y en el 2021 se incrementará al 55%. Se calcula que esta reforma permitirá incrementar los ingresos de Essalud en S/ 160 millones, que se destinarán a rehabilitar infraestructuras en estado crítico.

Asimismo, los trabajadores de los sectores de Educación y Salud solo aportan a la seguridad social sobre una base del 65% del salario. ¿Cómo entender estas decisiones que pueden contentar a un sector y poner en peligro un sistema del que depende un tercio de la población y las operaciones de alta complejidad en el Perú? De otro lado, Essalud debe gastar S/ 650 millones al año –que suma el 7% de los gastos del sistema– para pagar las pensiones de los jubilados de las leyes 20530 y 18846, que deberían ser abonadas por la ONP.

Como se aprecia, en el Perú no ha existido una política para el sistema de la seguridad social. En este contexto, es fundamental cerrar el déficit y las brechas que afectan a este sistema.