Conectar el país desde el espacio

El Perú enfrenta una contradicción cada vez más evidente. Mientras el Estado habla de digitalización, modernización y servicios públicos en línea, más de 20,000 centros poblados siguen prácticamente desconectados. En muchas zonas rurales y amazónicas, el acceso a internet continúa siendo inexistente o extremadamente precario. Esta situación no es solo una desventaja tecnológica, sino un freno directo al desarrollo. En un país con geografía compleja y alta vulnerabilidad a desastres naturales, contar con un satélite de telecomunicaciones propio no es un lujo ni una fantasía futurista, sino una decisión estratégica que el Perú ha postergado demasiado tiempo.

La dependencia actual de servicios satelitales extranjeros es costosa y poco eficiente. El Estado peruano ha venido incrementando su gasto en este rubro sin resolver el problema de fondo. En 2020 se destinaron US$ 21.7 millones al alquiler de servicios satelitales; en 2021, la cifra subió a US$ 34.95 millones; y en 2023 superó los US$ 54 millones. Aun así, más del 20% de los centros poblados del país sigue sin acceso a servicios digitales básicos. Es decir, se paga cada vez más, pero la cobertura real continúa siendo limitada y desigual.

Este esquema no solo representa un gasto elevado, sino un mal negocio a largo plazo. Si se mantiene el ritmo actual, en un periodo de 15 años el Estado habrá desembolsado más de US$ 325 millones únicamente en alquiler de capacidad satelital. Ese monto es suficiente para adquirir e incluso operar un satélite de telecomunicaciones propio. Un satélite HTS (High Throughput Satellite) moderno tiene un costo estimado entre US$ 180 millones y US$ 325 millones, dependiendo de su capacidad y cobertura. La diferencia es clara: seguir alquilando no deja activos ni capacidades nacionales; invertir en uno propio sí.

La fragmentación de la demanda agrava el problema. Hoy, cada entidad pública contrata servicios satelitales por separado, lo que eleva los costos y reduce el poder de negociación del Estado. Menos de 50 entidades acceden a este tipo de servicios, de un total que supera las 2,000 instituciones públicas. Un satélite nacional permitiría centralizar la gestión, reducir sobrecostos y ampliar la cobertura a muchas más entidades. Incluso podría generarse capacidad excedente para ser ofrecida a operadores privados, ayudando a recuperar la inversión y dinamizar el mercado de telecomunicaciones.

En el ámbito de la educación, las cifras reflejan una brecha profunda. Más del 70% de los centros poblados rurales carece de servicios móviles. En la Amazonía y en zonas altoandinas, conseguir una señal de internet puede ser más difícil que acceder a un médico. Durante la pandemia, miles de estudiantes quedaron fuera del sistema educativo porque no podían conectarse a clases remotas. Ese problema no ha desaparecido. Un satélite de telecomunicaciones permitiría llevar conectividad a estas zonas en meses, no en años, sin depender de infraestructura terrestre que muchas veces es inviable por razones geográficas y económicas.

La conectividad también es clave para la salud pública y la atención de emergencias. En regiones como Loreto o Ucayali, el costo por megabit por segundo puede ser decenas de veces mayor que en Lima. Esto limita la telemedicina, el monitoreo remoto y la coordinación entre centros de salud. En un país expuesto a terremotos, inundaciones y huaicos, la capacidad de mantener comunicaciones cuando las redes terrestres colapsan puede marcar la diferencia entre una respuesta rápida y el caos. Un satélite propio garantizaría continuidad operativa en los momentos más críticos.

La defensa nacional es otro aspecto central. Zonas estratégicas como el VRAEM o las regiones fronterizas amazónicas carecen de conectividad estable, lo que dificulta el monitoreo, la inteligencia y la coordinación de operaciones. Depender de proveedores extranjeros para comunicaciones sensibles no es solo caro, sino riesgoso. Un sistema satelital nacional permitiría integrar a las Fuerzas Armadas y a las autoridades civiles en una red segura, bajo control del Estado, reforzando la soberanía y la capacidad de respuesta ante amenazas internas y externas.

La viabilidad técnica y económica está demostrada, y la experiencia de países vecinos lo confirma. Lo que falta es decisión política y visión de país. El satélite de telecomunicaciones no es un lujo ni un gasto innecesario. Es una inversión estratégica que permitiría ahorrar recursos, cerrar brechas históricas y asegurar que el desarrollo digital llegue a todos los peruanos, no solo a quienes hoy ya están conectados.