Radicales siguen contra minería en Espinar

En las últimas semanas el colectivo antiminero –que agrupa a organizaciones no gubernamentales, líderes sociales y políticos abiertamente de izquierda y anti inversión– ha desarrollado una intensa campaña nacional e internacional contra la empresa minera Antapaccay –subsidiaria de Glencore en Espinar– y contra el Estado Peruano. 

Como se sabe, semanas atrás un grupo de pobladores y líderes sociales, así como autoridades locales, decidieron distribuir el presupuesto del Fondo de Desarrollo de Espinar, que tiene más de S/ 100 millones, a través de un denominado "bono solidario" de S/ 1, 000 a todo ciudadano inscrito en el padrón electoral. Al respecto vale señalar que el denominado Fondo Social fue expresamente creado para invertirse en obras de infraestructura: colegios y postas médicas.

La mencionada decisión contravino el marco legal y normativo en que se había fundado el Fondo de Desarrollo. La empresa Antapaccay, por supuesto, puso reparos a dicho acuerdo, originando que una parte de la población se levante y organice protestas violentas, en plena crisis de la pandemia Covid-19. Una irresponsabilidad del movimiento antiminero en general, que solo busca bloquear la inversión minera y al que no le interesa el desarrollo ni el bienestar de las comunidades adyacentes al proyecto minero.

Pues bien, para detener la anarquía, el Estado debió imponer su autoridad y restablecer el orden. En ese contexto, la ONG Derechos Humanos sin Fronteras y diversos operadores del radicalismo han lanzado una ofensiva internacional contra el Estado y la empresa, en la que indican que durante las protestas la Policía Nacional no habría respetado los derechos elementales de la población. 

Semejante denuncia ha sido levantada a través de diversas ventanas internacionales, buscando colocar al Estado peruano como un transgresor de los derechos contra los manifestantes. Incluso se está llegando a hablar de abusos por parte de las fuerzas policiales. Igualmente se ha enviado un documento, a través de una “Plataforma Europa Perú”, a las embajadas de Inglaterra y España, indicando que se investigue el "uso desproporcionado de la fuerza de parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.”

Cabe indicar que quienes rompieron el Estado de derecho en Espinar fue un sector de la población (azuzada por los radicales), ciertas autoridades que buscan réditos políticos y operadores de izquierda, que quieren liquidar la minería en dicha zona. Todos estos sectores no respetaron el estado de emergencia por el coronavirus y se lanzaron a unas protestas que duraron alrededor de 24 días, originando un conflicto social en plena crisis sanitaria.

Desde este portal hemos seguido con atención lo ocurrido en Espinar, y podemos señalar con toda contundencia que las protestas fueron en realidad una maniobra política del alcalde Lolo Arenas, y que se le escapó de las manos. Luego de más de 20 días, la empresa minera se comprometió a dar un vale de alimentos por S/ 1000 en vez del dinero en efectivo.

Debemos decir las cosas tal como son. Los sectores antimineros quieren liquidar la minería en Espinar, una zona que ha reducido pobreza por más de 40% gracias a la minería moderna. De allí la enorme importancia de que la ciudadanía en general permanezca atenta a la evolución de la situación política y económica del llamado Corredor Vial del Sur en donde se emplazan las minas que producen cerca del 50% del cobre nacional. Una producción central para evitar que la megarrecesión que ha destruido cerca de siete millones de empleos siga arrojando a más peruanos a la pobreza.