¿Quién depreda nuestros bosques?

La falta del estado, la pobreza y la ilegalidad juntas tienen efectos devastadores

Cuando la ilegalidad, la ausencia del estado y la pobreza extrema se juntan pueden ser devastadoras: más de ocho millones de hectáreas de bosques ricos en maderas finas y en biodiversidad han sido depredadas, arrasadas, no solo por la tala ilegal -como muchos creen- sino por la acción impune y libre del narcotráfico, la minería ilegal, principalmente. Sin embargo, según el empresario y experto en desarrollo amazónico Erik Fischer, ese inmenso daño puede ser detenido y revertido si el estado aplica políticas que pongan en valor la Amazonía, rompan su aislamiento y la hagan atractiva a la inversión privada. En otras palabras, crear mercado.

La tala ilegal -explica Fischer- corta los árboles y se los lleva al mercado negro amparada en la corrupción o ausencia del estado, pero a la larga la propia naturaleza repondrá esos árboles en años. En cambio, el narcotráfico arrasa los bosques para sembrar en su lugar coca y arroja gran cantidad de químicos que envenenan los ríos y degradan los suelos hasta matarlos. Y la minería ilegal arrasa con todo a su paso, devastando bosques como se aprecia en Madre de Dios.

El desafío el mayor y difícil porque detrás de esas actividades ilícitas están intereses grandes y peligrosos. Se calcula que entre el oro y la coca mueven entre 4,000 y 6,000 millones de dólares que financian la violencia y el crimen organizado. En su nivel más sofisticado está el lavado de activos. Y también el sicariato que se ha extendido desde la Amazonía hacia todo el país.

¿Cómo es posible que esto suceda cuando se supone que contamos con los instrumentos legales e institucionales necesarios para proteger el ambiente? ¿Qué hacen el Ministerio del Ambiente, la OEFA y demás entidades afines? Es que de nada sirve crear nuevos organismos si se mantiene la vieja visión estatista y burocrática. Por eso todo sigue igual en la Amazonía, el estado sigue ausente.

Lo concreto es que la república todavía no ingresa a la Amazonia. No hay puertos, carreteras, energía, estado, ley ni orden. Entonces la ilegalidad hace de las suyas y los habitantes de la región participan porque no tienen otra opción para aliviar su pobreza. Como dice Erik Fischer: “Pobreza y recursos naturales no pueden convivir. Un pobre en medio de un bosque tumba árboles y los vende para sobrevivir, o trabaja para quienes le ofrecen una paga por sembrar coca o extraer oro ilegal. Es el escenario de pobreza el que facilita todo”.

¿Cómo enfrentar tan grave problema? La solución está en crear las condiciones para que emerjan nuevos mercados, lo cual pasa porque el estado invierta en infraestructura básica, garantice la seguridad jurídica y el clima de inversión, y otorgue derechos de propiedad a las comunidades para que se asocien con los inversionistas o participen de las inversiones.

Como los gobiernos regionales no tienen capacidad para asumir este reto, el gobierno nacional debe acompañarlos darles el personal calificado y los fondos que necesitan para diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura (carreteras, aeropuertos, hidrovías, puertos) y de servicios básicos: agua y desagüe, luz, seguridad, educación y salud. Pero todo ello debe ir acompañado de mecanismos de control, para prevenir eventuales corruptelas.

Erik Fischer también sugiere que se cree polos urbanos en donde la gente encuentre hospitales, empleo y oportunidades, pues es imposible llevar todo ello hasta las comunidades, ya que se encuentran muy dispersas en un gran territorio.

Tal vez el mayor atractivo a la inversión privada son las concesiones forestales, que podrían producir en poco tiempo US$5,000 millones en maderas y 400,000 empleos (ver Ley forestal entrampada). La nueva ley forestal del 2011 crea las condiciones para que ello ocurra, pero la burocracia tiene encarpetado más de dos años el reglamento sin el cual la norma pueda entrar en vigor. He aquí el último elemento clave para sacar adelante la Amazonía: Voluntad y decisión política.