Que nunca más se repita la falsedad de “agua sí, oro no”

La minería es uno de los grandes motores que el Perú necesita para avanzar con rapidez al desarrollo. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 62,848 millones —un crecimiento de 27.2% frente a 2024— y representaron el 67.5% del valor total exportado por el país. Ese desempeño coincide con un superciclo excepcional de precios de metales que el Perú no puede dejar pasar: las exportaciones de cobre alcanzaron US$ 28,130 millones en 2025, en un contexto en el que la libra de cobre supera los US$ 6.33. Y se proyecta que el consumo mundial del metal rojo crecerá en alrededor de 25% hacia 2040 por la demanda de este material para las partes de los vehículos eléctricos, la expansión de centros de datos y las energías renovables.

Aprovechar ese superciclo de precios exige promover la minería. Sin embargo, desde inicios de la segunda década del nuevo milenio, bajo el lema "agua sí, oro no", impulsado durante el gobierno de Ollanta Humala, se paralizaron Conga, La Granja, El Galeno y Michiquillay en Cajamarca. Como consecuencia, el Perú perdió cerca de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre (TMC) que pudo haber sumado a su producción anual de 2.8 millones de TMC, así como la oportunidad de crecer por encima del 5% anual. A su vez, Cajamarca en vez de tener uno de los ingresos per cápita más altos del país –debido a su riqueza minera– se convirtió en la región más pobre, con el 41% de su población en situación de pobreza.

Una de las razones del bloqueo económico y social de Cajamarca tiene que ver con la narrativa de la izquierda acerca de las cabeceras de cuenca. ¿Qué decía este relato? Que en las cabeceras de cuenca, es decir en las zonas sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar, se ubica el origen de los recursos hídricos que se destinan para el consumo humano y la agricultura. Por estas razones en estas cabeceras no deberían existir industria ni menos minería. ¡Pero oh sorpresa! El 80% de los proyectos mineros de cobre se emplazan sobre los 3000 msnm. La narrativa, pues, pretendía prohibir la minería cuprífera peruana.

Esta lógica terminó trasladándose al marco normativo mediante la Ley 30640, que modificó la Ley de Recursos Hídricos y encargó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) elaborar un marco metodológico para identificar y delimitar cabeceras de cuenca, con potestad para establecer medidas de protección sobre ellas.  Felizmente estas normas absurdas en contra de la inversión basadas en leyendas y mentiras, más tarde, no prosperaron.

Sin embargo, solo basta analizar con sentido común las cosas para entender que el origen de los recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura proviene de las lluvias en los Andes y no de una altitud específica. En ese sentido, tal como lo hacen las naciones desarrolladas, para cosechar agua en el Perú se necesitan construir represas y reservorios.

Algo más. Como señala Fernando Cillóniz, el ciclo del agua es integral y continuo, por lo que el recurso no proviene exclusivamente de las cabeceras, sino del funcionamiento de toda la cuenca. Por otro lado, desde la Autoridad Nacional del Agua se sostiene que el sector minero utiliza apenas 2% del agua demandada a nivel nacional, y las operaciones modernas reutilizan más del 85% de las aguas en sus procesos industriales. 

Esta eficiencia también se traduce en proyectos concretos que amplían la disponibilidad de agua en las zonas donde opera la minería. Por ejemplo, Cerro Verde financió el Círculo Virtuoso del Agua en Arequipa: tres presas que almacenan más de 1,600 millones de m³ de agua de lluvia que antes se perdía en el mar, una planta de agua potable con capacidad para abastecer a 750,000 personas y un sistema que trata el 95.5% de las aguas residuales de la ciudad. Del mismo modo, Minsur, en Puno, construyó 32 represas comunales y 224 reservorios familiares que almacenan cerca de dos millones de metros cúbicos de agua para riego y consumo humano de comunidades altoandinas. 

La lección es clara: la fábula de la cabecera de cuenca condenó a Cajamarca a la pobreza sin resolver ningún problema hídrico real. Mientras tanto, la evidencia de Arequipa y Puno demuestra que, lejos de agotar el agua, la minería formal es la que finalmente la almacena, la trata y la distribuye donde el Estado nunca pudo hacerlo.