¡Escudo de las Américas y una imposible ampliación del Reinfo!

El Perú y los Estados Unidos se han comprometido públicamente a desterrar el crimen organizado transnacional del hemisferio occidental, y semejante compromiso y la ubicación de nuestro país como aliado principal No- OTAN de la gran nación del norte obligan a que esta convergencia continental en contra de la ilegalidad produzca resultados incuestionables en el territorio nacional. Uno de esos logros pasa por detener el avance de la minería ilegal, que destruye el Estado de derecho, corroe el sistema institucional a través de la corrupción y violenta el sistema de propiedad que consagra la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales.

En ese sentido es inaceptable, inviable, desde cualquier punto de vista una sexta ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas, un registro de carácter transitorio que se proponía empadronar a los mineros en vías de formalización. Sin embargo, a través de las sucesivas ampliaciones de la vigencia del Reinfo este registro se convirtió en permanente y en la perfecta coartada para sectores que desarrollan minería ilegal. ¿A qué nos referimos? La condición de inscrito en el Reinfo exonera de las responsabilidades penales por la actividad de minería ilegal.

De esta manera, los mineros ilegales que asaltan e invaden concesiones formales en la provincia de Pataz en La Libertad y en las del corredor minero del sur -área donde se produce el 40% del cobre nacional- suelen estar blindados legalmente porque todos tienen su Reinfo. Algo más. Los últimos hechos de violencia y ciertas detenciones judiciales y policiales, igualmente, vinculan a los imputados con el Reinfo.

La continuidad del Reinfo, pues, es un problema para cualquier estrategia en la lucha contra la ilegalidad, sobre todo considerando que dos tercios de las sumas que movilizan todas las economías ilegales (minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal y trata de personas) corresponde a la minería ilegal. En un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) se establece que, en el primer semestre de este año, el 54% del volumen de oro exportado corresponde al ilegal superando por primera vez a la producción formal. En otras palabras, según el IPE, las exportaciones ilegales en oro crecieron en 19% en tanto que las formales cayeron en 6%, estableciendo una diferencia de 9 toneladas a favor de la producción ilegal. Y las cosas, igualmente, se complican en cuanto a la producción de cobre ilegal.

Es en este contexto que el próximo 31 de diciembre del 2026 vence la última ampliación del Reinfo que se aprobó (Ley N° 32537). Si pretendemos desarrollar una estrategia integral contra el avance de las economías ilegales transnacionales, entonces, es inviable una nueva ampliación del REINFO. No hay manera desde el punto de vista de los compromisos internacionales asumidos por el Perú.

En ese sentido, desde el Ejecutivo se anuncia que a más tardar el próximo 15 de octubre se presentará un proyecto de ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) con el objeto de organizar un nuevo proceso de formalización que supere los fracasos del actual Reinfo. Se sostiene que, actualmente, existen 31,000 mineros inscritos en este registro, de los cuales una parte tiene vigencia y otra está en condición de suspendido.

En cualquier caso se están olvidando algunas variables fundamentales en cualquier salida a este grave problema. La izquierda radical y antisistema ha encontrado en la minería ilegal no solo una fuente de financiamiento y una base movilizable contra el Estado de derecho, sino también la principal herramienta para trabar el desarrollo de la minería moderna en el país. El avance de la minería ilegal puede ser el fin de la minería moderna tal como empezamos a ver en La Libertad, en Cajamarca y en el corredor minero del sur.

Bajo esas consideraciones parece imposible que en la Cámara de Diputados se apruebe una nueva Ley MAPE que fortalezca el Estado de derecho. Muy por el contrario, la tendencia será a prorrogar el Reinfo. En este escenario el Ejecutivo debe demostrar firmeza en el Senado y desde el propio gobierno debe ser capaz de cuestionar y observar cualquier iniciativa que pretenda prorrogar el statu quo.