La enorme importancia de la minería en la riqueza nacional

La minería financia al Perú. No se trata de una frase retórica, sino de una realidad respaldada por las cifras. Entre enero y junio de 2026, el sector aportó S/ 22,787.4 millones al fisco, un incremento de 80.1% frente a los S/ 12,652.3 millones registrados en el mismo periodo de 2025. La minería metálica concentró S/ 19,435.4 millones, equivalentes al 85.3% del total. Este desempeño también se reflejó en las exportaciones mineras, que alcanzaron US$ 42,221 millones, un crecimiento de 56% y el equivalente al 74.8% de todas las exportaciones peruanas.

Detrás de estos resultados se encuentra el superciclo de precios de los metales en los mercados internacionales. El oro se mantiene alrededor de los US$ 4,000 por onza, impulsado por su condición de activo refugio, mientras que el cobre supera los US$ 6.33 por libra, favorecido por la creciente demanda vinculada a la transición energética y tecnológica. Ambos minerales representaron el 83.5% de los envíos mineros peruanos entre enero y junio de este año: el cobre generó US$ 19,455 millones y el oro, US$ 15,808 millones.

Pero la importancia de la minería no se limita a las exportaciones ni a su contribución directa al fisco. Una parte sustancial de los recursos que genera retorna a las regiones mediante el canon minero, las regalías y los derechos de vigencia y penalidad. Hasta julio de 2026, las transferencias por estos conceptos alcanzaron un récord de S/ 13,095 millones. De ese total, el canon minero representó S/ 9,564 millones, un aumento de 36.8% respecto de 2025.

El canon está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta que paga el Estado por los ingresos obtenidos de los titulares de la actividad minera. Su distribución comprende el 10% para los municipios distritales productores, el 25% para las municipalidades de la provincia productora, el 40% para los demás gobiernos locales del departamento y el 25% para el gobierno regional. De esta última participación, el 20% debe transferirse a las universidades públicas.

Este mecanismo permite que los recursos de la actividad minera lleguen a distintos niveles de gobierno y puedan financiar carreteras, saneamiento, hospitales, colegios, proyectos productivos e investigación. En otras palabras, la minería no solo genera divisas e impuestos: también ofrece a las autoridades regionales y locales recursos para atender necesidades concretas de sus ciudadanos.

Las cifras muestran la dimensión de estas transferencias. Durante los primeros cuatro meses de 2026, Áncash recibió S/ 477,4 millones, impulsada por la actividad de Antamina; Arequipa obtuvo S/ 313,6 millones por operaciones como Cerro Verde; Tacna captó S/ 237 millones; Ica recibió S/ 225,1 millones, y Moquegua, S/ 220,2 millones.

Sin embargo, disponer de recursos cuantiosos no garantiza por sí mismo el desarrollo. El impacto del canon depende de la capacidad de las autoridades para administrar los fondos, priorizar las necesidades de sus territorios y ejecutar proyectos que mejoren efectivamente la calidad de vida de la población. El desafío no consiste únicamente en recibir más dinero, sino en invertirlo bien.

Las perspectivas del sector ofrecen nuevas oportunidades. Entre enero y agosto de 2026 se autorizaron 150 proyectos por más de US$ 3,067 millones, mientras que el Ministerio de Energía y Minas busca viabilizar 240 iniciativas durante todo el año. Para el segundo semestre también se prevé que la recaudación minera mantenga un comportamiento favorable, dependiendo de la actividad de las principales operaciones, la evolución de los precios internacionales y el dinamismo del sector.

El Perú tiene, por tanto, la posibilidad de aprovechar una coyuntura favorable para fortalecer sus finanzas públicas y ampliar los recursos destinados a sus regiones. Pero ese objetivo exige condiciones que permitan sostener la inversión: seguridad jurídica, permisos previsibles, protección de las operaciones formales y autoridades regionales capaces de ejecutar sus presupuestos.

La minería está generando recursos extraordinarios para el país. El reto del Estado es asegurar que esa riqueza se traduzca en infraestructura, mejores servicios públicos y oportunidades para los ciudadanos. Si se desperdician los ingresos por una gestión deficiente o se obstaculiza la actividad que los genera, el costo lo asumirá todo el Perú. Aprovechar responsablemente esta oportunidad es una tarea compartida entre el Estado, las empresas y las autoridades de cada región.