¿Podemos salvar la economía en medio del desastre?

Como todos sabemos el desgobierno general del país no solo está desatando un colapso de los servicios públicos, la implosión del Estado y la quiebra del principio de autoridad, sino que también ha frenado tres décadas de crecimiento y de reducción de pobreza. Sin embargo, sorprende la distancia con que los sectores de la oposición y los medios analizan el frenazo económico, como si este asunto no tuviese nada que ver con la libertad.

Para entender el problema quizá valga plantear una ucronía económica y social. Imaginemos, por ejemplo, que cuando Pedro Castillo asumió el poder en vez de 25% de la población bajo pobreza hubiese tenido al 75% de los peruanos afectados por este flagelo social. ¿Alguien se imagina cuán fácil habría sido, por ejemplo, fomentar populismos, políticas demagógicas y promesas de nacionalizaciones? En un país quebrado, con la mayoría de población en pobreza, la demagogia habría prosperado como hongos bajo la lluvia. En otras palabras, la sociedad habría avanzado como por un tobogán hacia la constituyente. ¿O no?

La economía entonces ha sido fundamental para evitar la constituyente y mantener las libertades. De allí la enorme importancia de seguir preservando la economía de mercado y evitar que el Ejecutivo desarrolle reformas en contra de la inversión privada. Y entonces surge la interrogante: ¿Podemos salvar la economía en medio de una de las crisis políticas más graves de la historia republicana? Cuando un jefe de Estado está cercado por investigaciones del sistema de justicia, acusado de organizar una red del delito, la pregunta puede ser retórica, hasta puede tener un aire de frivolidad. Sin embargo, es una pregunta crucial para la libertad. Una interrogante que podría definir la viabilidad de la constituyente o no.

El ministro de Economía, Kurt Burneo, acaba de señalar que el crecimiento del Perú este año no sobrepasará el 2.5% del PBI, considerando los avances del primer semestre y las tendencias recesivas de la economía mundial. Sin embargo, vale agregar que la única explicación de semejante ralentización es la caída de la inversión privada, el principal motor y combustible del crecimiento. Este año la inversión privada crecerá cero y, de seguir las cosas como están, el 2023 se desplomará.

Ahora bien, es imposible que con ese nivel de crecimiento proyectado se pueda reducir la pobreza. El propio Burneo ha señalado que se necesita crecer por encima del 5% para absorber la demanda de empleo de los 300,000 jóvenes que se incorporan cada año a la economía. En otras palabras, necesitamos crecer en esos niveles para disminuir la pobreza.

Si el sector privado genera el 80% de los ingresos fiscales, si provee más del 80% del empleo y, en términos generales, explica el 75% del total de pobreza reducida en las últimas décadas, ¿qué se puede hacer para preservar y relanzar el impulso privado? Es evidente que el Ejecutivo que agoniza posiblemente se entierre con sus propuestas de las nacionalizaciones y la constituyente. Sin embargo, en el Ejecutivo existen sectores y carteras que sí podrían apostar por agregar factores de gobernabilidad a la situación. La posición del MEF y de Relaciones Exteriores parecen apuntar en buena dirección.

Por otro lado, en el Congreso parece existir un sector con más claridad sobre el papel que juega la economía y la inversión privada en la lucha por las libertades. Y, en general, en los medios y la sociedad hay sectores que pueden sumar.

En este contexto, sumar fuerzas de todos los sectores y aprobar normas favorables a la inversión privada puede, como se dice, establecer las diferencias. Por ejemplo, una señal clarísima en ese sentido debería ser la derogatoria de los decretos supremos del sector Trabajo (MTPE) que prohíben la tercerización y fomentan la sindicalización en fábricas, en sectores por ramas y conglomerados empresariales, en contra de la inversión privada. Ambas normas, antes que medidas estrictamente laborales, corresponden a estrategias que buscan ahogar la inversión privada en camino a la constituyente.

Sobre estas medidas se podría promover un debate sobre la trayectoria fiscal de la economía peruana y la urgencia de reformas que resuciten al sector privado, el único actor que permite reducir la pobreza y preservar las libertades. Se puede entonces plantear una estrategia para preservar el sector privado en uno de los temporales más graves de nuestra historia.