¿Se nos descontrola el déficit fiscal? ¡El signo de las izquierdas!

Se acaba de conocer que se modificará el Marco Macroeconómico Multianual y la proyección del déficit fiscal ya no será del 2% del PBI –tal como estaba proyectado– sino del 2.5% del PBI. La modificación se produce luego de que el año pasado, igualmente, no se cumpliera con las metas fiscales: se sumó 2.8% de déficit y la proyección era de 2.4%. En otras palabras, durante el gobierno de Dina Boluarte el déficit fiscal comienza a descontrolarse, sobre todo porque el gasto del Estado se descontrola.

Vale recordar que los resultados del año pasado tienen que ver con los sucesivos rescates financieros de Petroperú y una inesperada caída de la recaudación tributaria y, de una u otra forma, los malos resultados en esta variable encendieron las alarmas en las calificadoras de riesgo. Luego de que, recientemente, Standard & Poor’s rebajara la calificación crediticia del país, las alarmas encendidas se convirtieron en verdaderas amenazas: el Perú puede perder el grado de inversión por una serie de factores, tales como la inestabilidad y fragmentación políticas, pero también el asunto del déficit fiscal. 

La pérdida en el manejo del déficit fiscal por el gobierno de Boluarte y los titulares de Economía y Finanzas es uno de los signos inevitables de las izquierdas latinoamericanas y del Perú. La decisión de cambiar la trayectoria fiscal del Estado, en realidad, es una decisión de negarse a reducir gastos, sobre todo considerando que, a partir del segundo semestre de este año se prevé un incremento de la recaudación por el incremento de los precios de los minerales.

El signo, el apellido y el nombre de las izquierdas, es el negarse a la reducción de gastos, es el negarse a la eliminación de las burocracias y funcionarios y las sobrerregulaciones y procedimientos que justifican el descontrol fiscal. De allí que la negativa del Ejecutivo de renovar en la presidencia del Consejo Fiscal a Carlos Oliva –muy crítico del manejo gubernamental– forme parte de una política con respecto al manejo del déficit.

Sobre estos temas vale señalar que el PBI nacional suma más de US$ 220,000 millones y el gasto del Estado a través del gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios y las empresas estatales, consume casi un tercio del PBI. Una suma enorme, gigantesca, para una economía de ingreso medio y que enfrenta una crisis de bajo crecimiento (-3% del PBI) y evidentes tendencias recesivas.

En medio de esta situación un Ejecutivo con sentido común, comprometido abiertamente con la reactivación y cuidadoso de los grados de inversión alcanzados por el Perú –a través del esfuerzo de varias generaciones– apuntaría a reducir gastos, a desregular los procedimientos y eliminar la burocracia. El Perú tiene 19 ministerios, y muchos despachos, por ejemplo, no tienen la menor justificación más allá de las fábulas progresistas sobre los temas de género y los problemas interculturales.

Sin embargo, la naturaleza izquierdista del Ejecutivo impide una apuesta de este tipo. Se cree, se considera, que el Estado es el gran redistribuidor de la riqueza, más allá de que se haya convertido en el gran actor de la corrupción, la informalidad y fuente de pobreza. Como el Estado es “el igualador de las injusticias” es imposible imaginar siquiera la reducción de gastos, la devolución de recursos a la sociedad y al sector privado, sectores en donde realmente se produce la riqueza.