Petróleo bajo amenazas

 

Según informes de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Perupetro, la producción de petróleo correspondiente al Marañón (selva amazónica oriental) entre el 2015 y 2017 representaría US$ 968 millones. De esa suma, un 15% se destina a los diversos compromisos por “compensación de remediación” (el 7.8% está registrado y el 7.2% no está determinado).

Sin embargo, en la selva amazónica para nadie es un secreto que una parte de ese 7.2% corresponde a indemnizaciones por derrames de petróleo, muchos de ellos calificados claramente como actos de sabotaje. Cálculos conservadores señalan que en los últimos tres años se habría entregado US$ 313,654 por pago de cupos a los sectores que chantajean a la empresa.

Esta situación tiene que cambiar. No es posible que parte de la producción de petróleo del país termine en las manos de organizaciones criminales que extorsionan a las empresas petroleras, sin que el Estado se haya inmutado en tantos años. De acuerdo al Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, el Estado está en la obligación de identificar, evaluar y gestionar los riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN).

Frente a la indiferencia del Estado, las bandas criminales pueden afectar con impunidad los recursos naturales, la infraestructura productiva y los sistemas esenciales para el desarrollo nacional. El Estado y las instituciones correspondientes deben asumir su responsabilidad para evitar la afectación, perturbación y destrucción de los activos peruanos. La ley debe impedir que se siga generando graves perjuicios a la Nación.

En marzo pasado, durante el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se aprobó el D.S. Nº 004-2018-IN, que contiene las normas y los procedimientos para defender los ACN. Desde abril pasado, las autoridades de la Policía Nacional (PN) y de las Fuerza Armadas (FF.AA.) están coordinando la posibilidad de intervenir inmediatamente en las regiones donde se realizan actividades relacionadas con el desarrollo nacional. El objetivo es garantizar las actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos. La prioridad es la defensa del patrimonio nacional. Asimismo, un grupo de congresistas vinculados al Ejecutivo están estudiando más posibilidades legales para evitar que las actividades petroleras y, sobre todo, el oleoducto Norperuano continúen siendo saboteados de manera impune.

Según las mismas fuentes, el Estado ha destinado US$ 80 millones para cubrir el vacío estimado del canon por la falta de producción de petróleo, por motivos vinculados a las constantes acciones desarrolladas por las dirigencias de las federaciones de indígenas (medidas de fuerza que paralizan las actividades petroleras). Se trata de un monto que sale del dinero de todos los peruanos, y no debe ser así. De los 15,000 pozos inventariados por la MEM, solo estarían funcionando 6,000.

De todos los contratos de concesión suscritos, 43 están vigentes y 22 están paralizados por “fuerza mayor”. Asimismo, la producción nacional no abastece la demanda interna. Perú necesita 255,000 barriles de petróleo diariamente, pero solo produce 44,000 barriles diarios. Es decir, importamos 211,000 barriles diarios. En 2017 las importaciones de petróleo sumaron US$ 5,500 millones. 

¿A quién favorece que la situación siga como está? ¿A los dirigentes de “las federaciones de indígenas”, a los “asesores legales” vinculados a las señaladas organizaciones, a las ONG del ambientalismo ideológico, a los traficantes de madera y taladores ilegales, y a los narcotraficantes?