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El diario estadounidense New York Times (NYT) sugiere a las autoridades del gobierno estadounidense ser más estrictas con Perú respecto al sector forestal. El motivo: el reciente traslado —14 de diciembre pasado— del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio del Ambiente (Minam).
Las relaciones comerciales entre Perú y Estados Unidos podrían afectarse en el décimo aniversario del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) firmado entre ambos países. Distintas sospechas ensombrecen las actividades del sector forestal —establecidos en el APC— porque la trazabilidad (sistema para identificar el origen de la madera) no sería confiable a través de la documentación de las exportaciones.
En el Capítulo 18 del Acuerdo sobre Medioambiente, Perú reconoce que “es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales”. En ese contexto, NYT señala que “desde el comienzo, el tratado de Perú sirvió como tapadera para la rampante tala ilegal, a un grado que casi es una burla”. ¿Qué tan cierto es el informe del diario neoyorquino?
Como se ha informado en reiteradas oportunidades, el Estado no existe en la Amazonía peruana. Los bosques no solamente han sido tomados por los contrabandistas y taladores ilegales, sino también por cárteles del narcotráfico, ciertas federaciones de nativos mafiosas, las ONG del extremismo ambiental y, en algunas zonas, todavía permanecen columnas de Sendero Luminoso.
En ese panorama, el Estado aparece inerme frente a todos los poderes oscuros y reales que se han apoderado de la selva. Por ejemplo, grupos armados de delincuentes espantan a las inversiones forestales dejando la selva abandonada a la criminalidad.
Los US$ 90 millones que donó Estados Unidos para aplicar correctamente un sistema de protección de la madera, no se invierte tal como se había planeado. Para la Oficina de Representantes de Comercio de EE.UU. (USTR), el traslado de Osinfor de la PCM al Ministerio del Ambiente viola la independencia del organismo fiscalizador.
En el APC se establece que los organismos supervisores deben estar libres de toda interferencia que pueda desnaturalizar el correcto desarrollo de las actividades forestales. Y Osinfor estaría dejando de ser totalmente autónomo e independiente de cualquier interferencia si, por ejemplo, el Minam está relacionado con el ambientalismo ideológico que obstaculiza las labores forestales desde todo punto de vista.
Según NYT la USTR “se hartó de las mentiras y las burlas de Perú”. Expresiones duras que afectan la imagen peruana en Estados Unidos y el mundo. La consulta tramitada por la USTR en relación a Osinfor tuvo la respuesta del ministro del sector Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez, quien señaló que Perú respeta sus compromisos y que la decisión de incorporar el Osinfor al Minam obedece a la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que fue comunicada al Congreso estadounidense.
El informe del NYT es sumamente severo. Señala que la Agencia de Investigación Ambiental en 2012 presentó evidencia afirmando que la industria maderera de Perú era una “máquina de lavado de dinero” y que producía papeleo “legal” a gran escala para la madera robada. ¿Cómo responderá la representación peruana en Washington frente a tales acusaciones en contra del país? ¿Como jefe de la política internacional, el presidente Vizcarra habrá tomado cartas en el asunto para responder adecuadamente al NYT? ¿O las autoridades peruanas considerarán que lo que escribe el diario neoyorquino sobre el sector forestal peruano son inexactitudes pasajeras?
Con la decisión de incorporar Osinfor al Minam, la USTR podría activar los mecanismos correspondientes para solucionar la controversia relacionada con el APC. Podría demandar a Perú por violar una cláusula del acuerdo comercial y eso podría perjudicar a las exportaciones agropecuarias. Un daño terrible para el país.
Todo esto coincide con un comunicado suscrito por el gobernador regional de Loreto (Elisbán Ochoa) y distintas autoridades de la región, demandando al presidente Martín Vizcarra aplicar el principio de autoridad en la región Loreto “para frenar las acciones ilícitas de pseudos dirigentes influenciados y alentados por algunas ONG y empresas remediadoras”.
Lo que ya se ha denunciado en el sector de hidrocarburos, también sucede en el sector forestal: bandas organizadas apropiándose de la selva inhóspita, y que hacen huir al Estado y a las inversiones por la ausencia de estrategias relacionadas con la construcción de infraestructura, educación, salud, seguridad y justicia.
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