Nuevo ataque a Las Bambas

Desde el 22 de setiembre pasado, pobladores de las comunidades campesinas del distrito de Ccapacmarca (provincia de Chumbivilcas, Cusco) bloquearon tres tramos de la vía que conduce a la mina Las Bambas. Los pobladores, azuzados por asesores de dirigentes y enlaces de ONG, exigen a la minera y autoridades cerrar la vía al tránsito de los camiones que transportan mineral hacia el puerto de Matarani (Arequipa), según los manifestantes por afectar al aire, suelo, flora, fauna y agua. Asimismo, piden la construcción de un mineroducto. En su “plataforma de lucha”, los comuneros exigen la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en toda la provincia de Chumbivilcas

Vale recordar que en mayo de 2010, en el distrito de Challhuahuacho, el EIA de Las Bambas fue aprobado en una audiencia pública, por aclamación, por ¡6,500 personas! Después de la presentación del EIA la población reunida ovacionó de pie el proyecto. Con esto, los asistentes otorgaron a Las Bambas la denominada “licencia social”. ¿Qué sucede ahora? En su afán de detener el desarrollo de la zona andina, con propósitos políticos, las ONG antimineras pretenden hacer desconocer los acuerdos logrados entre la población y la minera, inventando relatos que no se ajustan a la verdad. Para esto, un grupo de “comisarios del partido” infunde miedo a la población que se opone a esas dirigencias controladas por estas ONG vinculadas al marxismo.  

Asimismo, exigen una vez más la nulidad del Decreto Supremo 0011-2016-MTC, que declara a la vía tomada por los pobladores como vía nacional. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante la gestión de Ollanta Humala, asumió su responsabilidad clasificando las rutas del país. La vía que conduce a Las Bambas fue declarada vía pública regional en marzo de 2014 y reclasificada como ruta nacional mediante Resolución Ministerial Nº 372-2018 MTC/01.02, del 25 de mayo de 2018. Además en 2011, mediante escritura pública y antes de la reubicación de los pobladores en la ciudadela Nueva Fuerabamba, Las Bambas era titular de una servidumbre de paso (derecho de uso de la carretera) reconocida por la comunidad.

Esta situación de violencia coincide con las declaraciones del viceministro del sector minería (Minem), Augusto Cauti, respecto al compromiso del Minem de acompañar a los proyectos mineros en el país. Según han señalado los mismos pobladores, en el lugar pulula gente extraña vinculada a los dirigentes y ONG limeñas. “No son del lugar, no son vecinos conocidos”, señalan. Por otro lado, manifiestan que no ven a funcionarios del Estado haciendo trabajos educativos sobre las actividades mineras. Sobre el acompañamiento que ofreció a las inversiones mineras el ex primer ministro César Villanueva —acusado de recibir dinero de Odebrecht cuando era presidente regional de la región San Martín—, nunca hubo nada. Todo lo contrario se vio en Tía María. Un audio publicado dio cuenta del boicot contra el proyecto de cobre por parte del presidente Martín Vizcarra y las autoridades de Arequipa, reunidos en julio pasado.

En este contexto, la izquierda antiminera desarrolla a sus anchas actividades contrarias al bienestar de la población. Organizan encuentro de personas vinculadas a los medios de comunicación para uniformizar la narrativa antiminera. Asimismo, crean federaciones de mineros artesanales con el propósito de asentarlos en los territorios mineros para generar conflictos de posesión. Es más, avivan las diferencias territoriales entre las comunidades para crear un clima de tensión, pretendiendo vincularlo con las actividades mineras.    

El marxismo y los antimineros se corren del debate técnico y de los conceptos técnicos y científicos racionales. Obligan a los pobladores a participar en sus manifestaciones violentas. Insultan y agreden a las personas que participan de los talleres de información que organizan las mineras en las comunidades. 

El desalojo de los protestantes de la vía pública en Las Bambas ha ocasionado numerosos heridos, entre ellos cuatro policías que fueron atacados, con hondas, por los vándalos ubicados en las partes altas de los cerros. Esta situación pone en peligro, otra vez, los envíos de cobre al extranjero. El fin de las protestas es también generar réditos políticos para la plataforma electoral de los dirigentes de izquierda y sus pretensiones de copar el siguiente Congreso de la República.