Ubicado en la región Cajamarca, el denominado "cintur&o...
Actualmente en el Congreso se discute el dictamen de un proyecto de ley sobre un nuevo régimen tributario para el sector agrario considerando que la agricultura es un sector económico en donde la inversión se basa en seres vivos (frutas y legumbres), enfrenta plagas y enfermedades. Asimismo, estas inversiones lidian con eventos climáticos inesperados (fenómeno de El Niño) y, de otro lado, alcanzan rentabilidad luego de varios años de inversiones.
El mencionado dictamen que se tramita en el Legislativo propone exonerar del pago de impuesto a la renta a los pequeños productores que vendan hasta S/ 154,500 (30 unidades impositivas tributarias). A partir de allí las pequeñas unidades pagarían el 1% en renta hasta ventas de S/ 721,000 (110 unidades impositivas tributarias). Para el régimen general se propone un impuesto a la renta del 15% entre 2025 y el 2035 y se plantea un crédito tributario de 20% sobre utilidades reinvertidas en infraestructuras, capacitación, maquinaria y proyectos de investigación. También se establece la depreciación acelerada y la recuperación anticipada del IGV.
Los peruanos deben entender que el único sector que demanda un régimen tributario promocional es el sector agrario. De lo contrario, será imposible el regreso de los capitales al campo. Con la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360, increíblemente derogada por el progresismo), en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura, se convocó a más de US$ 20,000 millones en inversiones y hubo un constante proceso de reinversión. Luego de la derogatoria de la mencionada norma se han perdido inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas y cada mes se pierde entre 80,000 y 100,000 empleos formales del total de un millón –entre directos e indirectos– que se generan en el sector.
La gran novedad del dictamen sobre el nuevo régimen promocional para el agro que se discute en el Congreso es que se focaliza en las pequeñas unidades agrarias al establecer entre 0% y 1% en renta para los minifundios de acuerdo al volumen de ventas. Semejante propuesta puede representar una verdadera revolución a favor de la formalización del agro. ¿Por qué? Siempre vale recordar que el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura está conducida (propiedad o posesión) por más de 2 millones de minifundistas que desarrollan agricultura familiar de sobrevivencia o padecen pobreza. De otro lado, está demás señalar los enormes bolsones de pobreza en las zonas agrarias.
Si el Estado acompaña el nuevo régimen tributario entregando títulos a los miles de parceleros, generando estrategias de asociatividad para crear economías de escala y conseguir créditos y resuelve el problema de las infraestructuras hídricas para los pequeños, entonces, estaremos en el umbral de una gran transformación agraria.
Asimismo, siempre vale subrayar que la gran transformación agraria del Perú, la erradicación de la pobreza y la conversión de los pobres en clases medias agrarias no será posible desde la inversión estatal. Nunca lo ha sido ni lo será. Allí están las cooperativas y asociaciones del velasquismo que hundieron en la pobreza más extrema al hombre del campo.
Imaginemos qué sucedería si en la costa se invierte en alrededor de un millón de hectáreas. ¿Cuántas cadenas agroexportadoras con pequeños productores se crearían? Imaginemos también que los parceleros de la sierra y la selva empiezan a asociarse con grandes y medianas y empresas –como sucede en la actualidad en el sector moderno– para conseguir créditos, asesoría técnica e innovación de la producción. El sueño de una clase media agraria, moderna, a semejanza de los países desarrollados, se haría realidad.
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